Agricultura dice que casi todas las fincas del Guadiamar son cultivables

La huella del vertido tóxico en las fincas del valle del Guadiamar es inapreciable 10 meses después de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar. Eso es lo que mantiene, al menos, el Ministerio de Agricultura, que hizo públicos ayer sus primeros análisis sobre las muestras de tierra tomadas por la asociación agraria Asaja. El informe asegura que el 84% de los terrenos agrícolas afectados son "aptos para el cultivo".

"La recuperación de los suelos afectados será lenta y durará varios años". Ésta fue una de las conclusiones del noveno informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), publicado el pasado mes de noviembre. El CSIC advertía de "valores altos a muy altos" de arsénico, cadmio y cinc en los terrenos próximos a la mina de la empresa Boliden.La lectura de la situación de los suelos del valle que ayer ofreció el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Inia), dependiente del Ministerio de Agricultura, fue radicalmente distinta. Según los datos expuestos por el presidente del Instituto, Francisco Simón Vila, el 84% de las tierras agrarias analizadas es "apto para el cultivo" y en el 88%, los índices de concentración de los metales pesados registrados (plomo, cinc y cobre) "están por debajo de lo que marca la legislación de la Junta de Andalucía".

Simón Vila explicó que el Inia había recibido 2.420 muestras de tierra recogidas por técnicos de Asaja en 622 parcelas. Los resultados expuestos ayer corresponden a un primer adelanto, basado en 803 muestras, que el edafólogo Manuel Roca, asesor del Inia, consideró "suficientemente representativo".

"Las muestras se han tomado en toda la zona agrícola", sostuvo Miguel Afán de Rivera, secretario técnico en Sevilla de Asaja. Esta organización representa los intereses de 200 de los 220 propietarios afectados por el vertido tóxico, que inundó unas 3.000 hectáreas de fincas agrarias.

"Se han hecho análisis a diestro y siniestro, sin muestras suficientes y sin tener en cuenta los tipos de suelo". Ésta fue la explicación de Roca a la disparidad entre los números del Inia y los barajados por el CSIC, que ultima la elaboración de un mapa de la contaminación residual.

El edafólogo sostuvo que la presencia del arsénico en el valle del Guadiamar se reduce a un 10% de los suelos y que se trata del metal "menos soluble y que menos se mueve". El CSIC ( dependiente del Ministerio de Educación) organizó en enero un seminario internacional en el que se discutió incluso la utilización de plantas transgénicas para transformar "especies químicas muy tóxicas, como el arsénico" presentes en la zona. "Que se aclaren", pidió el consejero andaluz de Agricultura, Paulino Plata, quien se mostró "sorprendido" de que el Ministerio de Agricultura "intervenga ahora".

Los número del Inia complican el proceso de compra iniciado por la Junta para crear un corredor forestal en el valle. Hasta ahora, 18 agricultores han vendido sus tierras y la Consejería de Agricultura ha valorado la oferta de la mitad de los propietarios. El Gobierno autonómico está dispuesto a recurrir a la expropiación en los casos en los que no llegue a un acuerdo. "Con estos datos, creemos que sería inconstitucional", indicó Afán de Rivera.