España mantiene los controles en Gibraltar tras el tenue acercamiento entre Matutes y Cook

España y el Reino Unido optaron ayer por resituar el litigio de Gibraltar en los límites de los conflictos de baja intensidad. Los ministros Abel Matutes y Robin Cook volvieron a colocar la contienda sobre el tapete del diálogo. Pero no hubo avances espectaculares. Matutes aseguró que España mantendrá los controles en la verja, si bien procurará no agravarlos, y Cook se comprometió a que el Peñón cumpla las directivas europeas, de forma que abandone su condición de paraíso fiscal y emporio del narcotráfico. De la cita salió al menos el compromiso de evitar una nueva escalada en los próximos días. En todo lo demás, la polémica pesquera o la discusión sobre la soberanía, las posiciones siguen completamente enfrentadas.

Abel Matutes y Robin Cook se reunieron antes de empezar el cónclave de los ministros de Exteriores de la Unión Europea preparatorio de la cumbre del próximo viernes. Cita simbólica, por cuanto algunos de los elementos esenciales del litigio se refieren a la inobservancia de las directivas europeas en Gibraltar.Matutes no logró su objetivo de que el Gobierno del Peñón devolviese la multa y las artes de pesca sustraídas al pesquero Piraña cuando faenaba en aguas cercanas a la colonia. "La disputa pesquera está zanjada", respondió Cook, alegando que los pescadores españoles alcanzaron un acuerdo con el Ejecutivo de Peter Caruana; argumentando que son ellos algunos de los principales críticos con el restablecimiento de los controles en la Verja, y ateniéndose a que las represalias al Piraña dependen ahora de los tribunales. En consecuencia, el jefe de la diplomacia española aseguró que los controles en la verja seguirán: "No tengo dudas, los voy a mantener", zanjó.

Constatado el desacuerdo sobre el asunto que desencadenó el calentamiento del conflicto, sólo quedaba una posibilidad. Enfriarlo dentro de ciertos límites. La entente consistió en que España se compromete a "no aplicar, en principio, nuevas medidas endurecedoras", por ejemplo sobre el control de los carnés de conducir de los gibraltareños, aunque recordando su derecho a hacerlo en cualquier momento, lo que sería preavisado a Londres. Y, en contrapartida -o si se quiere, a la inversa-, el Reino Unido asegura que hará todo lo posible para que se cumpla la legislación comunitaria en Gibraltar "tan pronto como sea posible". "Nos comprometemos a ello", aseguró Cook ante la prensa.

El incumplimiento de las directivas europeas es lo que posibilita que el Peñón se haya convertido en un paraíso fiscal, una gran lavandería para blanquear dinero negro y un emporio del narcotráfico, a través de la actuación de algunas de las 50.000 empresas domiciliadas en Gibraltar y que están completamente fuera de control, según reiteradas denuncias españolas.

Pero tampoco en cómo manejar los detalles de esta polémica jurídico-estratégica se ha producido un gran acercamiento. España considera que el ordenamiento interno de Gibraltar no ha incorporado -mediante trasposición- 66 directivas normas europeas. Cook aseguró, en cambio, que eso ocurría hace doce meses, y que se han producido "grandes avances" porque hoy sólo son ocho las directivas no incorporadas. "No tenemos noticia documentada de eso, le he pedido un informe detallado sobre dónde y cuándo se han publicado [las directivas], porque tenemos serias dudas" de que se haya producido la transposición, respondió Matutes. Y en todo caso, no se trata sólo de que se incorporen, "sino de que se apliquen". Quedaron en volver a reunirse para dilucidar estos puntos.

El ministro británico puso en duda públicamente que las actividades ilegales del Peñón alcancen la enorme dimensión que denuncia su colega español. Le invitó a que "aporte pruebas, evidencias" de ello, y remitió la solución práctica a un encuentro tripartito Madrid-Londres-Gibraltar, algo que desagrada a la diplomacia española, que atribuye toda la responsabilidad de lo que sucede en la colonia a la metrópoli.

Para la representación española, el encuentro se saldó favorablemente a España. "Estamos donde estábamos en el asunto de los controles, y hemos obtenido un compromiso de aplicar la legalidad europea", evaluaba un diplomático muy cercano al ministro. ¿Cuál es su alcance? "Sencillo, si vamos por la vía de la reclamación a Bruselas y de recursos al Tribunal de Luxemburgo, tardaríamos unos ocho años en lograr el imperio de la ley en el Peñón; será más rápido si acudimos a la vía práctica y Londres cumple lo prometido", añadía. La delegación británica aparecía satisfecha tras su defensa de que la soberanía reside en los llanitos y que nada puede hacerse "contra su voluntad democrática". Algo que Madrid matiza: "La soberanía es una cuestión entre Estados". Aparte de esta cacofonía de argumentos, nada hubo sobre el contencioso de fondo.