Andalucía pone en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales para 40.000 funcionarios

Andalucía se ha convertido en la segunda comunidad autónoma tras Extremadura que aplica a sus funcionarios la jornada laboral de 35 horas semanales. La Junta y los sindicatos CC OO y UGT firmaron ayer el acuerdo por el cual se reducirá la jornada de 40.000 funcionarios y empleados de la Administración regional. La medida, según la Junta, supondrá la creación de 2.100 empleos este año y reducirá un 25% las horas extraordinarias, y su coste superará los 6.000 millones de pesetas. El Gobierno reconoce la potestad de la Junta para regular ese tema, pero recurrirá contra los ayuntamientos que apliquen la medida.

En un plazo de tres meses se modificarán los horarios de los empleados públicos, excepto en Sanidad y Educación, que tendrán que esperar hasta el próximo año para ver recortada su jornada laboral. El sindicato CSIF negó ayer su apoyo, al considerar que en la práctica dicho colectivo "disfruta" ya de la semana de 35 horas.En el próximo mes de mayo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía verán recortados y modificados sus actuales horarios. La jornada pasará de las 37,5 a las 35 horas semanales. A cambio se renunciará al grado de flexibilidad existente en estos momentos, que permite a los funcionarios modificar sus propios horarios según sus necesidades.

Los empleados públicos deberán comenzar su jornada a las ocho de la mañana para finalizar a las tres de la tarde, de lunes a viernes. Entre las ocho y las nueve podrán gozar de flexibilidad en su incorporación, siendo el resto de obligada permanencia. Aquellos que opten por llegar a las nueve de la mañana tendrán que recuperar ese tiempo por la tarde.

Para el personal que tenga dedicación exclusiva, a las 35 horas deberá añadirse un suplemento de 110 horas en el cómputo anual en horario de tarde, entre las cinco y las ocho de lunes a jueves. En Navidad y Semana Santa, la jornada se verá reducida una hora. En los meses de verano, el horario será de 8.00 a 14.30.

La modificación de horarios ha sido el principal argumento del sindicato CSI-CSIF para negar su apoyo al acuerdo alcanzado entre Junta, UGT y CC OO en relación a los funcionarios, aunque sí ha rubricado que afecta al personal laboral.

El delegado territorial de CSI-CSIF, Manuel Salvador, cuestionó la creación de nuevos empleos por efecto directo de la reducción de la jornada de trabajo, al entender que "si no de derecho, de hecho los funcionarios disfrutaban ya de la jornada de 35 horas", indicó.

Esto fue rechazado por la consejera de Gobernación, quien indicó la existencia de "medidas de control habituales" que garantizaban el cumplimiento total de las 37,5 horas semanales por parte de los empleados públicos.

Creación de 2.100 empleos

Asimismo, Hermosín defendió la creación de nuevos puestos de trabajo como consecuencia directa de la "reducción real" de la jornada laboral, asegurando que, de no haberse producido dicho acuerdo con los sindicatos "no estaríamos hablando" de una oferta pública de empleo de 2.100 plazas, recordando que la última convocatoria pública se limitó a 250 vacantes. Ahora queda por negociar la aplicación de la jornada de 35 horas a los 74.528 empleados de la sanidad pública andaluza, la plantilla de Educación y los 5.007 trabajadores adscritos al personal de Justicia.

Éstos tendrán que esperar un año para ver recortada su jornada. Aunque la mesa general del sector público y las mesas sectoriales negociarán durante 1999 su futura aplicación para el 2000, por la complejidad de este colectivo en relación a los horarios, el obstáculo principal será el económico. La titular de Gobernación admitió que debido al gran número de empleados afectados existen "dificultades", por tratarse de una medida muy costosa.

El ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, reconoció que el Gobierno central "nada tiene que decir" respecto a este acuerdo de Andalucía, similar al aplicado en Extremadura desde el pasado uno de enero, ya que las comunidades tienen capacidad de autorregulación y pueden llegar a los acuerdos que crean convenientes con los representantes de los funcionarios.

En cambio, presentará "los recursos oportunos" contra los pactos para reducir la jornada en los ayuntamientos, ya que la Ley de Bases de Régimen Local establece una jornada de 37,5 horas para todas las corporaciones, informa Efe. Acebes hizo estas declaraciones en Madrid, en los pasillos del Congreso, y justificó así la presentación de los recursos contra los acuerdos adoptados, entre otros, por el Ayuntamiento de Motril (Granada) y por nueve corporaciones catalanas, que fijan la jornada semanal en 35 horas.