La huelga de secretarios contra el proyecto de ley procesal civil paraliza cientos de juzgados

La oposición al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente por parte de los secretarios judiciales, que ayer hicieron huelga, paralizó cientos de juzgados en toda España. Mientras la Unión Progresista de Secretarios Judiciales informó que un 70% de los secretarios siguió el paro, lo que obligó a suspender unos 7.000 juicios, el Ministerio de Justicia estimó en menos del 11% el seguimiento de la huelga. Junto a los secretarios, la asociación Jueces para la Democracia se ha opuesto a la futura ley, que ayer criticó también el PSOE en el Parlamento.

La cifra de participantes en la huelga reconocida por fuentes oficiales del Ministerio de Justicia es de 294 secretarios judiciales, sobre un total de 2.797, esto es, un 10,51%. Por comunidades autónomas, la máxima participación se produjo en el País Vasco, con 49 secretarios en huelga, un 36,30% sobre el total de 135; en Cataluña, con 98, el 29,79% sobre el total de 329, y en la Comunidad Valenciana, con73, el 29,80% sobre el total de 245. Los datos ofrecidos por la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia, muy distantes de las evaluaciones de los afectados, se refieren al mediodía de ayer.Los secretarios judiciales convocantes de la huelga lamentaron los inconvenientes causados a los usuarios de la Justicia, pero consideraron que la huelga es la única forma de dar un "toque de atención" a los responsables de Justicia para que no se les "desprecie olímpicamente", como, según ellos, hace el proyecto de ley procesal civil.

Ausencia del juez

Por su parte, Jueces para la Democracia, organización pionera en la crítica de la futura ley desde sus primeros borradores, resaltó ayer que el proyecto de ley propicia "la ausencia del juez en los actos esenciales del proceso", a la vez que "se aparta al secretario judicial, que deja de garantizar los trámites procesales".

La asociación progresista critica que, de prosperar el proyecto de ley, el proceso civil "va a ser una sucesión casi interminable de trámites escritos", así como que se va a alargar "la duración de los futuros procesos sobre la situación actual".

Jueces para la Democracia reprocha también a la ley en gestación que propone "un modelo de juez que permanece en su despacho sin celebrar las pruebas ni las comparecencias, limitándose a resolver las dudas de los funcionarios, pese a que dispone de un técnico, el secretario judicial, competente y preparado para dirigir el proceso". La segunda asociación por número de miembros que la integran añade que la ley pretende consagrar "una corruptela, esto es, que sin haber presenciado las pruebas ni haber presidido las comparecencias, el juez dicte sentencia a la vista de un enorme legajo donde todo consta por escrito".

La oposición jurídica a la futura ley de Enjuiciamiento Civil ha ido ganando adeptos a medida que se ha ido conociendo. El propio Consejo General del Poder Judicial hizo un informe crítico sobre el anteproyecto y, más tarde, el Consejo General de la Abogacía, que preside Eugeni Gay, pidió la retirada del proyecto de ley, como ya había hecho Jueces para la Democracia.

En defensa de la futura ley se manifestaron recientemente casi un centenar de catedráticos y profesores de Derecho Procesal Civil, a uno de los cuales se atribuye la autoría del inicial borrador. Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, al inaugurar, anteayer, unas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de Madrid, aseguró que el proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil solucionará "la lentitud, la complejidad y la ineficacia" de la justicia. Vaticinó que en unos meses se contará "con una ley procesal civil moderna, que afronte con éxito los retos que nos plantea la economía global del siglo venidero".

Críticas del PSOE

El diputado socialista Pedro Jover se sumó ayer, en el pleno del Congreso de los Diputados, a las críticas a la futura ley. En su defensa de una enmienda a la proposición de ley de CiU sobre la reforma de la Justicia, arremetió contra el proyecto de ley procesal civil, que "no es una ley moderna, sino de escuela, y no avanza nada en la oralidad ni en la inmediación", dijo.

Jover criticó también que la futura ley no contribuirá a "acabar con la lentitud de la justicia", así como por la escasa utilización de los secretarios judiciales. Como contrapropuesta, el PSOE pide agilizar los procesos, potenciar los servicios comunes y mejorar la ejecución.