Con el freno electoral

LA DECLARACIÓN de Barcelona pierde gas. Lo más destacado de la última reunión de la trilateral de nacionalistas catalanes, vascos y gallegos ha sido la creación de una dirección política estable y la decisión de exponer sus reivindicaciones ante la comunidad internacional. Es una consolidación formal del grupo para compensar su congelación temporal por el calendario electoral. Los intereses de los tres grupos nacionalistas son en realidad demasiado dispares como para alimentar una imagen de frente homogéneo en periodo de elecciones.Pero la reunión de los nacionalistas ha sido noticia sobre todo por dos hechos que tratan de frenar el camino de la provocación. El primero es que Xabier Arzalluz ha afirmado solemnemente que no habrá pacto de legislatura con Euskal Herritarrok mientras no condene la violencia. Una declaración que cobra mayor vigencia después de los atentados del fin de semana contra la sede del PSOE en Leioa, la tienda de un concejal del PP en Santurtzi y la subdelegación del Gobierno en Bilbao. El clima de terror que se mantiene todavía en el País Vasco, aparentemente coordinado desde el entorno político del nacionalismo radical a pesar de la tregua de ETA, no sólo impide el libre juego democrático, sino que amenaza con provocar disensiones internas en el PNV. Es decir, también es un problema para Arzalluz. Por eso es de vital importancia que EH suscriba la proposición no de ley que se votará en el Parlamento vasco el próximo día 18, que incluye una condena de la violencia. Si el PNV quiere mantener su credibilidad y EH dar un paso efectivo en su reconocimiento de la democracia, los herederos de HB no pueden seguir jugando con dos barajas, la política en Vitoria y la de los cócteles Mólotov cuando no obtiene los resultados deseados. Aunque Arzalluz emplee frente a sus correligionarios radicales un lenguaje más moderado del que acostumbra frente a Madrid, su advertencia revela que la violencia empieza a ser un grave problema para sus expectativas políticas.

El segundo hecho es el ya mencionado de que la actividad del grupo queda momentáneamente en suspenso para que Pujol puede administrar a su modo las cartas electorales. Ni siquiera el apoyo de los nacionalistas catalanes y gallegos a la decisión del Parlamento vasco de acoger a los diputados kurdos en el exilio fue más allá de las buenas palabras. El propio Pujol se apresuró a dejar claro que no consideraba oportuno que los diputados kurdos se reúnan en el Parlamento catalán.

Jordi Pujol, que ha construido su carrera política sobre un hábil uso de la ambigüedad, modulando los mensajes políticos en función del auditorio, el momento y la circunstancia, ya había dado instrucciones antes de empezar la reunión para que no hubiera ninguna convocatoria más de la alianza nacionalista hasta completar el ciclo electoral. Xavier Trias fue el encargado de hacer cumplir la consigna.

Las elecciones se acercan y es necesario extremar los cuidados con las franjas más moderadas del electorado. Pujol ha vivido unos meses confusos, atraído por el espejismo vasco, pero aparentemente empieza a tomar conciencia de que si quiere una mayoría nacionalista en las próximas elecciones catalanas, como ha repetido, necesita ahuyentar cualquier temor de los sectores moderados de su electorado para no tener fugas de voto hacia el PP.

Si en una reunión anterior el objeto de las críticas de los participantes fue el Tribunal Constitucional, esta vez el blanco preferido ha sido el Ministerio de Cultura. Su existencia es para los nacionalistas un símbolo de la incapacidad de los partidos de ámbito español de aceptar la pluralidad cultural de España. Pero todo queda en simple palabrería. Los tres grupos nacionalistas afirman que el Ministerio de Cultura "no tiene sentido", pero no explican otra estrategia para conseguir su supresión que la afirmación voluntarista de que caerá del árbol "como fruta madura". La cuarta reunión de la trilateral nacionalista ha dejado claro que los intereses electorales de Pujol están por encima de la estrategia común. La actitud de Convergència i Unió ha provocado los primeros síntomas de malestar en el grupo. De momento, la Declaración de Barcelona se despide hasta el año 2000. Ahora tocan elecciones en Cataluña. Lo demás debe esperar.