Periodismo de "bla, bla, bla"

Abunda hasta la náusea el periodismo del bla, bla, bla. Un personaje dice algo y, de inmediato, los periodistas provocan una cascada de reacciones para que otros se pronuncien sobre la afirmación original. En muchas ocasiones, los interpelados sólo conocen lo que se dijo inicialmente a través de la versión que les traslada el periodista. Da lo mismo. La incontinencia verbal de la mayoría de los políticos españoles y la voracidad de los periodistas -especialmente los de radio- para obtener declaraciones sobre cualquier asunto, es una de las claves que deben conocer los lectores de periódicos para explicarse una parte, nada desdeñable, de la refriega política diaria. El miércoles se publicó una información sobre las amenazas de un grupo llamado Gazte Indarra (Fuerza Joven), dirigidas a un concejal socialista en una localidad de Guipúzcoa, en las que se decía textualmente: "Esperando no tener que ver tu horrible cara de extremeño nunca más..." y se le amenazaba de muerte.

El jueves, el ex presidente del Gobierno, Felipe González, en el programa de Gomaespuma, en la emisora M-80, dijo, entre otras cosas, que "cuando a uno lo amenazan por ser concejal y le dicen "no quiero ver tu cara de extremeño o castellano por aquí y, si no, atente a las consecuencias", se está llevando a cabo una limpieza étnica".

Un bocado suculento para no lanzarse en tromba. Lo curioso es que el miércoles, EL PAÍS publicó, en menos de media columna, las amenazas de Gazte Indarra, incompletas, porque faltaba el adjetivo "horrible", con el que se calificaba la cara del concejal extremeño, y el viernes, este periódico y la mayoría de los que se editan en Madrid ni siquiera reproducían la frase textual del ex presidente del Gobierno, mucho más suave que el original. Se limitaban a recoger con amplitud las respuestas de otros políticos, en tono muy duro contra González, y sólo se informaba, genéricamente, de que éste había comparado actitudes excluyentes de los nacionalistas vascos con la limpieza étnica.

Ningún lector que se detuviese en esta información -y ninguno tiene por qué haber oído o leído nada previamente- pudo tener los elementos imprescindibles para formar su propia opinión. El periodismo del bla, bla, bla se impuso de manera rotunda sobre el fondo del asunto, que sólo podía entenderse con sus antecedentes.

¿Catalana o española?

En EL PAÍS semanal del pasado 31 de enero se publicó un reportaje, firmado por María Laleva, con el título Polos opuestos, que contaba la historia de cuatro parejas de distinta nacionalidad formadas así : holandesa y peruano, china y español, eslovaca y español y... catalana y sueco. Carlos Prieto, desde Madrid, ha escrito al defensor, y dice que en el reportaje se incurre en una falta de criterio, ya que "de siete personas se indica su país (Estado) de nacimiento, mientras en el caso de Judit Blasi se hace referencia a su región (o país, o nación, o incluso patria) de origen, que es Cataluña, y no al Estado (o país, o nación, o incluso patria), que es España", y añade que, para mantener un criterio unánime, se debió indicar, respecto de los otros españoles citados, si eran "castellanos, gallegos, murcianos o de la región (o país, o nación, o incluso patria) que sean".En el reportaje, Judit Blasi, a quien se calificaba en un titulito previo al texto como catalana, aseguraba que se siente "más catalana que española".

Naturalmente, el periódico nada tiene que decir sobre este sentimiento, que es tan respetable como cualquier otro. Todo ciudadano tiene derecho a sentirse como mejor le parezca, al margen de la oficialidad de su carné de identidad.

El problema es estrictamente de rigor periodístico, y así lo admite Luz Sánchez Mellado, que editó el texto en cuestión: si a todas las parejas se les identificó por su nacionalidad oficial o de origen, no hay ninguna razón para obviar este método al referirse a una feliz catalana casada con un sueco. Además, se evitan suspicacias en un asunto que tantas suscita.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o teléfonearle al número 91 337 78 36.