La comisión gestora de Sol y Arena denunciará a la Caja Rural

La comisión gestora de la comunidad de regantes Sol y Arena,del poniente almeriense, presidida por Juan Romero, presentará una denuncia contra la Caja Rural de Almería por no reconocer el "poder ejecutivo" de esta comisión creada el pasado 15 de diciembre. Juan Romero, que se encuentra en libertad provisional acusado de presunta estafa y apropiación indebida tras la denuncia interpuesta por Pedro Mena, presidente de la junta directiva, manifestó que la comisión gestora "va a seguir con el mandato encomendado por la mayoría de los regantes salvo que haya una orden judicial que lo impida". Fue el pasado 15 de diciembre cuando, por orden judicial y bajo acta notarial, la comisión gestora encabezada por Romero sustituyó el poder ejecutivo de la junta directiva presidida por Mena con el voto de los regantes. Desde entonces, la comisión gestora estableció unas oficinas de venta de horas de riego entre los comuneros, a pesar de que un 20% de los regantes continuara comprando el agua en la Caja Rural. Romero, acusado de cobro indebido de estos recibos, cuyo dinero se presumía en su poder, ha aclarado que la recaudación de la venta de agua se encuentra en una cuenta en la caja La General de Granada. "Los regantes no sólo han decidido poner al frente de la comunidad a la comisión gestora, sino que además deciden dónde comprar el agua: en la Caja Rural o en nuestras oficinas de La Gangosa (Vícar)". La denuncia contra la Rural se efectuará, según Romero, porque esta entidad bancaria ha permitido "a sabiendas" que personas cesadas en los cargos directivos de Sol y Arena mantengan el control del dinero de los regantes además de dar un servicio de venta de agua no autorizado bajo la firma de Mena. Por su parte, el secretario provincial del sindicato agrario COAG, Eduardo López, anunció para el próximo martes una concentración de en el puerto de Almería. López afirmó que el registro de las oficinas de la comisión gestora ordenado por el juez y la posterior detención de Juan Romero y dos empleados supone una actuación "desmedida y desproporcionada".