Italia propone dar la doble ciudadanía a los hijos de los inmigrantes

¿Audacia o debilidad política? La decisión del Gobierno italiano de regularizar la situación de 250.000 inmigrantes llegados al país con anterioridad a marzo de 1997 viene a reconocer, más allá de la polémica suscitada a escala política y social, la necesidad de hacer aflorar miles de puestos de trabajo en negro y de poner en orden la situación jurídica de una gran masa de "extracomunitarios", condenados a una clandestinidad tan inhumana como peligrosa a efectos de la delincuencia organizada. El Ejecutivo de centro-izquierda, inmune a las durísimas críticas de la oposición, propuso ayer a través de la ministra del Interior, Rosa Russo Jervolino, dar la doble ciudadanía a los hijos de los inmigrantes. Italia necesita la fuerza de trabajo "extracomunitaria", ésta es la premisa esencial sobre la que se basa el decreto aprobado el martes por el Gobierno de centro-izquierda, que tendrá que ser debatido más adelante en el Parlamento. Las cifras son elocuentes a este respecto. Según datos del instituto de estadística nacional, más del 86% de los inmigrantes que han presentado la documentación para obtener el llamado permiso de soggiorno (de un total de 308.000 solicitudes) trabajan ya en Italia. En negro, naturalmente. Hacienda calcula que sólo con las cuotas de los trabajadores que pasarán a tener una situación reglamentaria una vez entre en vigor el decreto, podrá recaudar unos cien mil millones de pesetas, cantidad nada desdeñable en estos tiempos de crisis.

Domicilio fijo y trabajo

El decreto exige a cada inmigrante que aspira al permiso de trabajo poseer un domicilio, un trabajo o firme promesa de tenerlo, haber llegado al país antes del 27 de marzo de 1997 -fecha de la entrada en vigor de la nueva ley de inmigración- y carecer de antecedentes penales. Requisitos que, según el líder de Alianza Nacional, Gianfranco Fini , "nadie ha comprobado aún que se cumplan" en las solicitudes presentadas. Pero además, los partidos de derecha y de centro consideran que la llamada maxi-sanatoria es una amnistía demasiado generosa que no hará sino atraer nuevos inmigrantes a Italia en la esperanza de que tarde o temprano su situación será regularizada. La medida gubernamental estaba, sin embargo, esbozada ya en la propia ley de inmigración de marzo de 1997, que preveía una amnistía especial a los "extracomunitarios" residentes en Italia desde antes de la promulgación de la ley. En noviembre pasado, el Ministerio del Interior dio un plazo de 45 días a los inmigrantes en Italia para presentar los documentos correspondientes, aunque señaló un cupo máximo de 38.000 permisos a los que había que añadir otros 20.000 concedidos por el Ejecutivo a trabajadores albaneses. Sin embargo, cuando las comisarías italianas (sobre todo en el norte del país) quedaron colapsadas por la afluencia masiva de peticiones -que han sumado 308.000-, la ministra Russo Jervolino dio seguridades garantizando que todos los inmigrantes con los papeles en regla recibirían el permiso de trabajo.