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El PSC pide la dimisión de Subirà por no denunciar las irregularidades de Turismo

Enric Company

Al revés de lo que por la mañana había hecho el consejero de Bienestar Social, Antoni Comas, cuando le pidieron la dimisión en el Parlament, el consejero de Industria, Antoni Subirà, se tomó por la tarde con mucha calma la demanda de dimisión que le hizo el diputado Josep Clofent, del PSC. Clofent sostuvo que "cuando a un responsable político le desaparecen los papeles, lo que tiene que hacer es irse, dimitir". Se refería a la desaparición de 2.500 expedientes del Consorcio de Turismo, un organismo dependiente del departamento, correspondientes a la etapa de la que se investigan graves irregularidades. Subirà aguantó sereno la embestida y dijo que esperaba al informe de la Sindicatura de Cuentas.

"Usted está interesado en hurgar en las irregularidades del Consorcio de Turismo. Yo también estoy interesado en aclararlas", aseguró Subirà en su respuesta a Clofent. Explicó que, en su momento, cuando se hizo cargo del departamento, conoció las auditorías que desvelaban la existencia de irregularidades. Lo que entonces se hizo fue entregar aquellas auditorías a la Sindicatura de Cuentas. También solicitó un dictamen privado a una firma de abogados de Barcelona. "Y el dictamen nos indicó que nos atuviéramos a lo que diga la Sindicatura de Cuentas". Esta parte de la respuesta de Subirà enardeció a Clofent. El diputado socialista explicó entonces en su réplica que la recomendación del mencionado dictamen privado era presentar denuncia en el juzgado, porque a sus autores no les cabía duda de que las irregularidades detectadas en el consorcio eran constitutivas de delito de prevaricación. En particular por haber beneficiado ilegalmente y a sabiendas a determinadas empresas, en la época en la que el director del consorcio era Joan Cogul, cuando el consejero responsable de Turismo era Lluís Alegre, de Unió Democràtica. Cogul fue destituido por Subirà cuando se hizo cargo del departamento. Pero lo que coloca a Subirà en una situación insostenible, afirmó Clofent, es que, además de no haber denunciado las irregularidades ante la justicia, ha asistido sin pestañear a la desaparición de 2.500 expedientes administrativos de la etapa en la que se cometieron las irregularidades presuntamente delictivas. El diputado socialista recriminó a Subirà, primero, que perdiera el tiempo posponiendo la presentación de la denuncia en el juzgado y luego, que "haya perdido los papeles" sobre los que debía basarse en buena parte la investigación judicial. Pese a estas acusaciones, Subirà ratificó su posición: "Cuando dispongamos del informe de la Sindicatura de Cuentas, haremos lo que tengamos que hacer". Clofent estimó que eso es insuficiente, que no aclara cómo han podido desaparecer los expedientes administrativos y arroja sobre el propio Subirà la sospecha de que sigue una táctica dilatoria. Le anunció que su grupo parlamentario presentará en consecuencia una moción pidiendo su reprobación por el Parlament y le pidió que se ahorre el bochorno presentando antes la dimisión. Una vez finalizada la interpelación, los grupos parlamentarios del PSC, de Esquerra Republicana (ERC) y de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), anunciaron que pedirán la creación de una comisión parlamentaria de investigación. Para que esa petición prospere se precisa el apoyo de los diputados del PP y es improbable que, después de que anteayer CiU salvara al ministro Josep Piqué de una investigación en el Congreso de los Diputados, los conservadores apoyen una investigación sobre Subirà. Por otra parte, el presidente Jordi Pujol reiteró ayer en el Parlament, a preguntas de la oposición, que su prioridad actual en el conflicto sobre la cuota de doblaje de cine al catalán es negociar y buscar acuerdos. "No tenemos previsto retrasar la entrada en vigor del decreto", dijo, "pero tampoco lo descartamos, en función de la negociación".

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