El PP impide al Gobierno asturiano aclarar las presiones políticas recibidas a favor de empresas

El PP asturiano ha impedido que Juan José Tielve, consejero de Fomento, explique ante la Cámara del Principado las "presiones políticas" que dice haber recibido para favorecer a ciertas empresas en las obras públicas financiadas con los fondos mineros. Curiosamente, fue el PP, en su acoso a Sergio Marqués, presidente del Gobierno regional, el que promovió la investigación, pero sólo desde 1998. El PSOE e IU, que la extendieron a los tres años anteriores, creen que las presiones procedieron del entorno de Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente del Gobierno.

Sergio Marqués, el presidente del Principado de Asturias, ratificó la denuncia de su consejero de Fomento, Juan José Tielve, y afirmó que su negativa a acatar las orientaciones del Partido Popular fue uno de los factores que precipitaron el acoso por parte de la dirección del partido contra su Gobierno y que concluyó en julio de 1998 con su suspensión de militancia.A su vez, el PP niega que Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente primero del Ejecutivo central, haya ejercido presión alguna. Pero el PSOE e IU no se dan por satisfechos y mantienen su exigencia de que Tielve aclare ante la Cámara o en cualquier otro ámbito cuáles fueron las "presiones políticas", de dónde procedían y a qué empresas se trataba de favorecer.

La izquierda acusa al PP de tener miedo a llegar hasta el fondo en la investigación que él mismo promovió. La comisión parlamentaria para clarificar las supuestas irregularidades en Fomento la impulsó el PP para intentar derribar al Gobierno de Marqués una vez que Cascos ordenó que se le retirara el respaldo parlamentario y después de que aquél se negara a dimitir.

"La mayor corrupción"

El PP, que hasta entonces había imputado a Marqués un mero problema de "descoordinación", atribuyó a partir de ese momento a Fomento la comisión del "mayor caso de corrupción habido en España en la contratación de obra pública". La Fiscalía del Tribunal Superior de Asturias, que abrió diligencias de oficio tras tener conocimiento de tales imputaciones, archivó el caso al no haber encontrado indicio alguno de delito en la actuación de Tielve, aunque no se pronunció sobre la posibilidad de que hubiera irregularidades administrativas.

A renglón seguido, el PP, que abanderó la exigencia de transparencia y pulcritud, demandó una comisión parlamentaria sobre la gestión de Tielve y Marqués, pero para investigar exclusivamente las contrataciones y adjudicaciones realizadas a partir del momento, junio de 1998, en que dejó de respaldar al Gobierno de Marqués.

Fue la oposición de izquierdas la que impuso que el periodo a investigar abarcase toda la legislatura y, por tanto, también los tres años precedentes, en los que el PP respaldó y amparó los métodos de Tielve y Marqués proponiéndolos como una indudable manifestación de "eficacia" del PP.

Sin embargo, apenas mes y medio después de que se hubiera constituido la comisión parlamentaria, el PP, con el apoyo del único diputado del Partiu Asturianista, ha vetado la comparecencia de Tielve en el Parlamento.

La negativa de los populares se produce apenas unas semanas después de que dos de sus diputados, Manuel García Santoveña e Isabel Pérez Espinosa, hubiesen denunciado que altos cargos del Ministerio de Fomento habían ejercido presiones sobre algunos de los testigos que comparecieron ante la Cámara para que no acosasen excesivamente a Tielve.

Pero éste no es el único elemento de inquietud que la comisión está causando en las filas populares. La pretensión del PSOE e IU de que investigue igualmente al Ayuntamiento de Oviedo, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, ha suscitado una reacción virulenta del alcalde, Gabino de Lorenzo.

El regidor se ha visto acosado por las graves irregularidades reconocidas en la construcción de un complejo hípico y por la presunta responsabilidad de su corporación en los cuantiosos daños causados a 362 viviendas del barrio de Ventanielles, amenazadas de ruina, por la construcción de un aparcamiento municipal con más plantas de las autorizadas.