El Ayuntamiento de Gijón recurre ante la Audiencia las ayudas industriales de Piqué

El ministro de Industria, Josep Piqué, aprobó en 1997 una subvención de 585 millones de pesetas y un crédito sin interés de otros 234 millones al Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) antes de que concluyera el plazo establecido para la presentación de solicitudes de ayudas públicas de reindustrialización en toda España. Industria eludió así la posibilidad de comparar los proyectos presentados por el municipio regido por Ramón Palacios, cofundador de Alianza Popular, con los de otros consistorios. El Ayuntamiento de Gijón, de mayoría socialista, ha presentado 12 recursos ante la Audiencia Nacional por otras tantas denegaciones de ayuda por entender que la actuación de Industria "no se ajusta a derecho".

Según la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento gijonés, regentado por el socialista Álvarez Areces (candidato a las elecciones autonómicas por el PSOE en Asturias), presentó dentro del plazo establecido para ello 12 solicitudes de ayudas, todas ellas desestimadas por el Ministerio de Industria en una resolución de marzo de 1998.

El motivo invocado por el departamento que dirige Josep Piqué fue que ya se estaba aplicando en Asturias un plan de "Desarrollo alternativo en las comarcas mineras", así como cuestiones sobre la viabilidad temporal de los proyectos.

Sin embargo, de acuerdo con las normas establecidas para la concesión de ayudas de reindustrialización en una orden ministerial que se publicó en el BOE en mayo de 1997, éstas no son in compatibles con otras ayudas públicas y ése es uno de los argumentos esgrimidos por el municipio asturiano para apelar a la justicia contra las resoluciones de Industria.

Otras irregularidades

Según el Ayuntamiento de Gijón, que alberga una de las zonas industriales más necesitadas de reestructuración en España, Industria ha cometido otras irregularidades. Especialmente a la hora de aprobar ayudas para el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), regentado por Ramón Palacios, uno de los fundadores de Alianza Popular, senador del PP por Jaén y amigo personal del presidente del Gobierno y de vanos miembros de su gabinete, entre ellos, el propio ministro Piqué.

La más importante de cuantas se recogen en la documentación presentada ante la Audiencia Nacional se refiere a la aprobación de ayudas al Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) por un importe total de 819 millones de pesetas antes de que terminara el plazo establecido para la solicitud de ayudas a actuaciones de reindustrialización en toda España.

Según la denuncia presentada por el consistorio gijonés, "el Ministerio de Industria ha conculcado la concurrencia competitiva" que debería existir entre las distintas solicitudes de ayudas, préstamos y subvenciones presentadas por municipios de toda España.

Esto significa que el ministerio no esperó a comparar los distintos planes de reindustrialización presentados antes de distribuir sus recursos disponibles. A la vista de ello, Gijón ha solicitado que se declare nulo todo el proceso de adjudicación de ayudas de 1997.

De acuerdo con la documentación aportada por la propia Dirección General de Industria en la vista de los recursos contencioso-administrativos presentados por el Ayuntamiento de Gijón, el plazo para la solicitud de ese tipo de ayudas se fijó entre el 25 de mayo de 1997 y el 30 de septiembre de ese mismo año.

Esa misma documentación señala que la resolución por la que se conceden 585 millones de pesetas al Ayuntamiento de La Carolina para un proyecto de infraestructuras industriales la firma ministro Josep Piqué el 17 de julio, casi dos meses y medio antes de que terminara el plazo de solicitudes.

Otro tanto ocurre con la resolución del 31 de julio del año 1997 que acuerda conceder un préstamo de 234 millones de pesetas y que también firma el ministro Piqué.

Aunque la potestad para firmar las resoluciones la tienen el ministro de Industria y su secretario de Estado y el subsecretario del departamento por delegación, las ayudas al consistorio de La Carolina son las dos únicas firmadas por el propio Josep Piqué, hijo adoptivo de La Carolina, entre un total de 46 actuaciones de reindustrialización.

El portavoz oficial de Industria ha asegurado a este periódico que "ir aprobando proyectos antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes es habitual y siempre se ha hecho".

Según su versión, si no se hace así "puede haber problemas presupuestarios"; es decir, que podría llegar un momento en el que las, partidas asignadas por Industria para actuaciones de reindustrialización no alcanzaran a cubrir las ayudas solicitadas por todos los municipios de España con opción a ellas.

De acuerdo con esas explicaciones, el Ministerio Industria asignaría las ayudas por orden de llegada de las solicitudes o cualquier otro principio desconocido, sin atender a los criterios de evaluación que establece la orden ministerial del 19 de mayo de 1997 para la concesión de ayudas de reindustrialización. Estos criterios son calidad y viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos presentados y adaptación a las necesidades y potencialidades de la zona para la que se solicitan, entre otras condiciones.

La propia Dirección General de Industria afirma en su documentación que el presupuesto del ministerio para esas ayudas era de 30.000 millones de pesetas en 1997, de los que 5.000 correspondieron a subvenciones y 25.000 millones a préstamos sin interés.

Fuera de plazo

Aclara que "basándose en las prioridades geográficas, técnicas y económicas" se financiaron 88 proyectos en toda España, 11 de ellos (un 24, 4% del total de proyectos financiados en toda España) corresponden a La Carolina.

Además, La Carolina (15.500 habitantes) ha conseguido las ayudas sin que en su demarcación existan empresas públicas sometidas a reestructuración, lo que ha servido también de base para la denuncia presentada por Gijón. Según Industria, basta con que la comunidad autónoma albergue ese tipo de empresas para que los ayuntamientos logren las ayudas.

Los recursos presentados por Gijón señalan, además, que varias de las ayudas aprobadas en varias localidades españolas corresponden a solicitudes presentadas fuera de plazo.