La investigación llegará a su fin con las pruebas de las partes
"Es objeto de la presente investigación la comisión de hechos delictivos imputables, hasta el momento, a don Juan Maeso Velez por existir indicios de que el mismo, en su actuación profesional como anestesista, incurrió en conductas penalmente relevantes que fueron causa de contagio de VHC en pacientes a los que aquél atendió". José Manuel Ortega, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, no ha dudado ni un instante desde que se hizo cargo de la investigación de quién podía ser el responsable penal del mayor escándalo sanitario de los últimos años -Juan Maeso-, de donde pudo haberlo cometido -obviamente, en los hospitales en los que ejercía-y de por qué: su pretendida adicción a las drogas. Esos han sido los ejes de una investigación de extrema complejidad por la cantidad de perjudicados -el juzgado ha recibido alrededor de 500 denuncias por contagios de hepatitis C-, por la dificultad de la materia -el intrincado lenguaje científico se ha fusionado o confundido con la jerga jurídica- y por la presión político-mediática que rodea el asunto. A pesar de ello, y como corresponde a sus respectivos cargos, el juez y el fiscal han llevado, ante la falta de iniciativa de la mayor parte de los abogados personados en la causa, el peso de la investigación. Más de 40 testigos que han compartido parte de su vida laboral con Maeso han desfilado por el juzgado, los investigadores de la Policía han realizado decenas de pesquisas en los hospitales en los que el anestesista trabajó y los técnicos de Sanidad han tenido que multiplicarse para realizar todas las pruebas científicas necesarias para aportar luz a la causa. Más pruebas ¿Está clara la supuesta culpabilidad de Juan Maeso? Pregunta de incierta respuesta que será más fácil de contestar con la finalización de la instrucción, prácticamente pendiente de las pruebas que soliciten defensa y acusaciones. Según fuentes cercanas al caso, el representante de la acusación pública aún desconoce si conseguirán indicios suficientes para sentar a Maeso en el banquillo. No obstante, los estudios científicos están sobre la mesa, y éstos apuntan a que el facultativo está relacionado con 171 casos de contagio. Además, la imputación del juez, realizada en mayo, tampoco arroja dudas: el facultativo puede ser responsable de "varios delitos de lesiones, dolosos o por imprudencia grave" castigados con penas que van desde los seis meses a los 12 años de prisión. Ahora bien, la imputación implica la existencia de indicios de la comisión de un delito, pero nunca presupone culpabilidad, algo que se dilucidará en un juicio cuya celebración aún está en el aire.
