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Tribuna:

El olvido de la cotidianidad

Estamos hoy viendo en España un gran debate sobre la naturaleza del Estado español, discutiéndose con gran intensidad grandes temas de Estado que tienen que ver predominantemente con problemas de identidad o identidades nacionales y su configuración y articulación dentro del espacio político del país. Argumentos a favor y en contra del derecho a la autodeterminación, por ejemplo, y su permisividad dentro de la Constitución española están ocupando un gran espacio en los medios de comunicación del país. Es importante constatar, sin embargo, que la intensidad de este debate está ahogando los temas de la cotidianidad que preocupan a las clases populares y a la mayoría de la ciudadanía española. Los enormes problemas de la vida cotidiana del pueblo español, tales como la falta de trabajo para grandes sectores de la población (un total de 3.823.252 parados, según el último informe de la EPA); la inestabilidad e inseguridad laboral (el 64% de la población trabajadora, incluyendo aquellos que tienen trabajo fijo, tienen miedo a perder su trabajo, siendo éste el porcentaje más alto entre los países de la OCDE, después de EE UU. OCDE, 1997); la preocupación de los padres por la calidad de las escuelas de sus hijos, que condicionarán en gran manera su futuro (las escuelas primarias y secundarias españolas, tanto privadas como públicas, continúan siendo de las que tienen peores indicadores de calidad en la UE, en áreas fundamentales tales como el conocimiento de matemáticas y ciencias y la comprensión de lecturas. OCDE, 1998); la sobrecarga de responsabilidades de las familias, y muy en particular de las mujeres, en la atención de niños, adolescentes y ancianos con escasa ayuda estatal (la mujer española es la que pasa más horas trabajando en la familia, siendo 48 horas, más del doble que la mujer danesa, 22. Eurostat, 1998); la escasez de trabajo y vivienda para los jóvenes de nuestro país, responsable de que España sea uno de los países en la UE en que los jóvenes vivan con sus padres hasta edades más tardías, retrasando el proceso de formación familiar, causa de la baja fertilidad (la más baja del mundo. UND, 1998); las bajas pensiones (de las más bajas en la UE. OCDE, 1997), y otros mucho temas que, con razón, angustian y preocupan a nuestra población quedan postergados, cuando no olvidados, en este gran discurso sobre los temas existenciales del Estado español. Hemos visto recientemente, por ejemplo, cómo el tema de si es necesario o aconsejable tener el derecho a 1a autodeterminación en el País Vasco acaparó prácticamente todo el espacio mediático de la última campaña electoral en aquel país, mientras que las encuestas populares mostraban que el tema que preocupaba más a la juventud vasca era el paro, tema al que apenas se dedicó espacio mediático en aquella campaña. Y dentro de poco habrá elecciones en Cataluña, en las que hay una probabilidad muy alta de que el espacio mediático se centre, una vez más, en temas de identidad y esencia nacional, sin que temas de la cotidianidad de la población catalana tengan prioridad en aquel espacio, lo cual podrá causar que gran parte de la población catalana -y muy en particular las clases populares- se abstuvieran una vez más de participar en aquellas elecciones autonómicas por considerar que los temas que estos sectores de la población consideran prioritarios no se toquen en aquel debate político mediatizado por unos medios de comunicación que condicionan y determinan en gran manera lo que es importante y visible en aquel debate. Estamos ya viendo, a varios meses de las elecciones autonómicas, cómo los grandes temas mediáticos en Cataluña son temas de identidad (como el tener o no selecciones deportivas catalanas), ignorando que para la mayoría de la población catalana éste no es un tema prioritario. Los son, en cambio, temas de su cotidianidad que no aparecen en aquel debate mediático, tales como la baja calidad de las escuelas públicas en Cataluña (de las que tienen peores indicadores de calidad en España), debido en parte a que son de las escuelas públicas que tienen un gasto por estudiante menor en España; el escaso desarrollo de la atención primaria sanitaria, una de las más retrasadas en España, con un porcentaje mayor de la población (en Barcelona, más de la mitad de la ciudadanía), atendida por los centros no reformados, donde el tiempo promedio de visita es mucho menor que en los centros reformados; las tasas altas de accidentalidad y fatalidad laboral, de las más altas en España (y en la UE); las mayores tasas de infección por sida en España (y en la UE), y un largo etcétera que queda ahogado en este gran debate sobre la identidad nacional que pone el color de las camisetas de los deportistas catalanes en el centro de debate mediático. El debate sobre la identidad (los grandes debates existenciales sobre la forma de Estado) no tendría por qué ahogar el debate sobre la cotidianidad si se explicara a la ciudadanía cómo la solución de los problemas de la identidad resolverían los problemas de la cotidianidad, lo cual no se está haciendo, en detrimento de la calidad democrática de nuestro país, con un creciente distanciamiento entre lo que las clases populares -la mayoría de la población- consideran importante -la resolución de sus problema cotidianos- y lo que el establishment mediático considera importante. Este distanciamiento se basa, en parte, en una experiencia y percepción de nuestra realidad, que es muy distinta para las élites mediáticas que para la mayoría de la población. Ello contribuye a que se esté reproduciendo un mensaje complaciente de satisfacción con la situación real del país. Estamos viendo cómo, excepto contadísimas excepciones, se está transmitiendo el mensaje de que estamos resolviendo el problema del paro, el problema que está preocupando más a la población española. Se olvida en este mensaje que la tasa de paro es tan elevada en España que, incluso en el caso improbable de que la tasa de paro continuara descendiendo por varios años en la misma tasa en que lo ha estado haciendo desde 1994, nos llevará todavía muchísimo tiempo para poder alcanzar el pleno empleo. La concienciación de esta realidad explica que la mayoría de medios de información económica hayan abandonado ya el intento de alcanzar tal pleno empleo, definiéndolo como un objetivo inalcanzable. Es importante informar a la población, sin embargo, de que el pleno empleo es posible en España si hay voluntad política para ello, lo cual no ha sido el caso ni en los gobiernos anteriores (tal como lo han reconocido algunos de los diseñadores de sus políticas económicas) ni en el Gobierno actual.

No pueden considerarse políticas públicas del pleno empleo aquellas que se limitan a crear las condiciones para que el sector privado cree empleo. Y el caso español es un ejemplo claro de esta insuficiencia. Hoy en España, en un momento expansivo de la economía, tenemos una elevada tasa de creación de empleo (mayor que la de EE UU), que es insuficiente para absorber la gran demanda de puestos de trabajo creada por la gran destrucción de puestos de trabajo en la agricultura y por el creciente deseo de la mujer -sobre todo joven- de integrarse en la fuerza del trabajo, demanda que continuará creciendo por muchos años debido al elevado porcentaje de la fuerza laboral que todavía trabaja en la agricultura (el 9% de la población ocupada) y al bajo porcentaje de la mujer en el mercado laboral (el 38% de las mujeres adultas, de los más bajos de la UE), lo cual explica, a su vez, la baja tasa de ocupación de la población española. En realidad, uno de los mayores problemas del mercado laboral español -y de los menos visibles en los medios de comunicación- es el porcentaje muy bajo de la población adulta que trabaja, lo cual se debe a que no se están creando suficientes puestos de trabajo, y ello es debido primordialmente al escaso desarrollo de los servicios en España, bien sean de tipo personal como de tipo social. Si España tuviera, por ejemplo, la misma tasa de la población adulta trabajando en los servicios del Estado del bienestar tales como sanidad, educación y servicios de apoyo a las familias que tienen los países nórdicos de Europa (13% de la población adulta), nuestro alto desempleo desaparecería, a la vez que nuestra tasa de ocupación aumentaría a niveles europeos. Es más, el desarrollo de tales servicios de ayuda a la familia, incluyendo servicios de guarderías y de atención domiciliaria a los ancianos e incapacitados, además de mejorar en gran manera la calidad de vida de las familias (y muy en particular de las mujeres), facilitaría la integración de la mujer a la fuerza del trabajo, creando, a su vez, una demanda de los servicios que ella realizaba antes en su domicilio, creando trabajo. Tales servicios de ayuda a la familia están muy poco desarrollados en España, a pesar de un discurso oficial profamiliar (que los hechos denuncian como carentes de credibilidad). Para ayudar a las familias españolas (entre las más sobrecargadas de la UE) se requeriría que el acceso a tales servicios, como servicios de guarderías y educación infantil, servicios de ayuda domiciliaria a los ancianos incapacitados y casas de ancianidad, se declararan derechos de todos los españoles, como lo son hoy la educación y la sanidad. Esta universalización de los servicios de ayuda a las familias, además de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, contribuiría en gran manera a resolver el problema del paro en España.

Esta expansión de los servicios no puede ocurrir, sin embargo, sin un apoyo muy notable del sector público español, un sector poco desarrollado en su dimensión social. Ahora bien, a esta expansión (así como los cambios necesarios en el gasto público) se opondrían sectores y grupos muy poderosos en el país. Permítanme que les cite un ejemplo. España se gasta entre un 18% y un 22% del gasto público sanitario en farmacia, uno de los más altos en la UE, lo cual no se debe a un supuesto abuso por parte de la ciudadanía o de los pensionistas en el uso de medicamentos. En realidad, el número de prescripciones por pensionista o ciudadano es ligeramente inferior en España que en el resto de la UE (OCDE, 1997). Las causas del alto gasto público farmacéutico son otras. Veamos. El Gobierno federal de EE UU se gasta en farmacia sólo un 9% del gasto sanitario público, y ello se debe en parte a que el 68% de los productos farmacéuticos que el Gobierno federal utiliza (compra o financia) son productos genéricos (productos de idéntica potencia biológica que los productos comerciales, pero que, al haber expirado la patente, son producidos por empresas que fabrican genéricos, producción que ha sido estimulada y facilitada por el Gobierno federal). El producto genérico cuesta como promedio en EE UU un 48% del producto comercial. En España, el Estado español se gasta sólo un 3% del gasto público farmacéutico en productos genéricos (y el precio del producto genérico es como promedio un 70% del precio del producto comercial), y ello debido a la enorme oposición por parte de la industria farmacéutica a su utilización y producción masiva, puesto que sus beneficios son menores en productos genéricos que en productos comerciales. La tasa de beneficios de la industria farmacéutica, por cierto, es una de las más altas de la economía española. Si en España nos gastáramos en farmacia el 9% de nuestro gasto sanitario público en lugar del 22%, se liberarían millones y millones de pesetas para financiar, por ejemplo, servicios de atención a los ancianos, lo cual contribuiría (además de mejorar la calidad de vida de las familias) a crear empleo. No es sostenible -por mucho que se repita- el argumento de que la limitada extensión de nuestro Estado del bienestar sea resultado de que no tengamos los recursos económicos para expandirlo. Los tenemos. Pero intereses bien definidos son responsables de este retraso, que se acentuará aún más como resultado de la disminución del gasto social per capita como porcentaje del PIB que está ocurriendo en España, con una disminución de los fondos del Estado dedicados a gastos sociales como pensiones, datos olvidados en una cultura mediática que enfatiza los problemas de identidad a costa de olvidar los problemas acuciantes de la cotidianidad de la mayoría de la ciudadanía española.

Vicenç Navarro es catedrático y director del Programa de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra-The Johns Hopkins University y autor de Neoliberalismo y Estado del bienestar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de febrero de 1999