Colisión de derechos

El caso juzgado en Portland es el primero que pone a prueba los límites de la libertad de expresión en Internet y es, de esa manera, el que en cierta medida confiere a la red su bautismo como medio de comunicación de masas. Las particularidades del caso complican todavía más el debate: al no haber en The Nuremberg Files amenazas explícitas -en el estricto sentido de la palabra- los acusados aseguran que se sienten protegidos por el derecho a la libertad de expresión. Más aún: sus abogados creen que esta sentencia convierte en delito lo que para ellos es un simple debate con posiciones enfrentadas. Los acusados se definen a sí mismos como "simples activistas políticos" dedicados sólo a la recopilación de información. Enfrente, los letrados de la acusación insistían en que su objetivo no es mermar la libertad de expresión, sino defender otro derecho fundamental: el derecho a la vida de las mujeres y de los médicos que practican abortos. Expertos en leyes aseguran que el problema radica en los límites de la definición de un término judicialmente complejo: "amenaza".

El Tribunal Supremo de EE UU, en una antigua sentencia, estableció como "amenazas punibles" aquéllas que "anticipen la comisión inminente de un delito". Esos expertos recuerdan que los grupos antiabortistas se han comportado de igual manera en los últimos años. Sería, por lo tanto, el acceso a Internet lo que confiere a sus acciones el carácter de "amenazas".

La sentencia llega un día después de otra decisión judicial no menos polémica: un juez de Filadelfia ha bloqueado una ley sobre protección a la infancia frente a los contenidos de Internet. La ley, impulsada personalmente por Bill Clinton, puede afectar a la libertad de expresión, según el magistrado.

La ley establecía penas de hasta 6 meses de cárcel y 22 millones de pesetas de multa diarios a los propietarios de compañías de Internet con contenidos pornográficos que no reclamaran una prueba de edad para permitir el acceso a sus páginas. Esa prueba podía ser un número de tarjeta de crédito a nombre de una persona mayor de edad. Según el juez Lowell A. Reed, si el texto hubiera entrado en vigor se censuraría "la libertad de expresión recogida en la Constitución". Para el magistrado, "aunque el público tiene un interés por proteger a los menores, el interés público no se ve beneficiado por la promulgación de una ley anticonstitucional."

Los detractores de la ley habían criticado su redacción porque abría la puerta a una cascada de demandas. La ley no sólo exigía la verificación de la edad en los lugares con contenidos pornográficos, sino que también consideraba "dañino para la infancia" cualquier contenido "exento de carácter científico, literario, artístico o político", así como cualquier material "indecente".