El Constitucional levanta la suspensión del decreto de plantillas judiciales

VIENE DE LA PÁGINA 1 Las repercusiones prácticas de esta decisión del Constitucional son nulas porque el Ministerio de Justicia es el único que puede aprobar las plantillas. Así, aunque el máximo intérprete de la Constitución reconoce que el Gobierno vasco puede determinar algunos requisitos, el ministerio los puede vetar si no son de su gusto. De esta forma, la única salida que le queda al Ejecutivo vasco es pleitear ante la Audiencia Nacional, hasta que el Constitucional resuelva definitivamente dentro de dos años. El Departamento de Justicia, que dirige Sabin Intxaurraga, valoró la resolución. Según la consejería, el levantamiento supone "que el Gobierno estaba actuando en su marco de competencias cuando pactó los requisitos con las organizaciones sindicales". En esta línea, según el Gobierno, el auto supone el "reconocimiento implícito de un marco propio de negociación colectiva". Requisitos Entre los requisitos exigidos por el departamento que no acepta el ministerio figura el establecimiento de perfiles lingüísticos para algunos puestos. Así, la consejería fijó en su decreto la necesidad de que al menos hubiese un funcionario que supiera euskera en cada juzjado. De esta forma se podría atender cualquier demanda de ciudadanos euskaldunes. En la práctica, todos los juzgados cuentan con algún trabajador con el suficiente conocimiento de euskera como para resolver cualquier problema idiomático, según señaló el representante de UGT, Miguel Ángel Llorente. El Constitucional suspendió el pasado 12 de agosto el decreto atendiendo el requerimiento del Gobierno central. El Departamento de Justicia envió en diciembre al ministerio una nueva plantilla en la que no figuraba ninguno de los requisitos rechazados en primera instancia por Mariscal de Gante para poder seguir funcionando. El alto tribunal mantiene la suspensión sobre el otro capítulo recurrido por el ministerio, el que se refiere a la capacidad de establecer el sueldo de los auxiliares, agentes y oficiales que integran la Administración de Justicia en Euskadi. Dentro del decreto, la consejería incluyó la equiparación del sueldo de los funcionarios judiciales con el resto de los trabajadores de la Administración vasca. El tribunal entiende que podrían producirse perjuicios económicos para los funcionarios si en su resolución definitiva considerase que no era correcto su establecimiento. Según el ministerio, los agentes, oficiales y auxiliares son cuerpos nacionales, por lo tanto están regidos por el mismo sistema y su sueldo debe ser igual en todas las comunidades del Estado. Para salvar la crisis y compensar a los funcionarios que cobraban los aumentos desde marzo y dejaron de percibirlos en septiembre y octubre, el Gobierno vasco creó a finales del año pasado un nuevo complemento de productividad. Este plus se ajusta a lo que había propuesto el ministerio en su momento.