La Universidad indemniza a dos alumnos que no recibieron clases en valenciano pese a pedirlas

La Universidad de Valencia ha dado un paso adelante en aras de la normalización lingüística y ha fallado en favor de un grupo de alumnos que interpuso una reclamación ante el rectorado porque formalizaron su matrícula en módulos teóricos o prácticos en valenciano y al final los cursos se impartieron en castellano. Tras solicitar un informe al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat, el rector Pedro Ruiz ha reconocido la existencia de "un daño moral que directamente deriva de la limitación de la libertad individual que han sufrico los alumnos". De acuerdo con la recomendación del consejo, el rectorado devolverá el 30% de las tasas pagadas a dos estudiantes. La cantidad simbólica asciende a 283 pesetas.

La resolución del rector -que se hizo pública ayer pese a llevar fecha del 11 de diciembre del año pasado- recuerda a los estudiantes afectados que, además, el fallo les permite interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el plazo de dos meses. Fuentes de la Consejería de Educación, en declaraciones a Europa Press, aprovecharon la sentencia para echar leña al fuego en contra de la institución académica que, precisamente ha tenido un papel moderado y clave en el tortuoso proceso de pacto lingüístico al que llegaron en junio el PP y el PSPV, y afirmaron que "por primera vez en su historia, la Universidad de Valencia reconoce su propia responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados, debido al mal funcionamiento de la institución al no haber impartido clases en valenciano". La Coordinadora Enric Valor per la Normalització Lingüística considera un "éxito que el Consejo Jurídico Consultivo reconozca el incumplimiento sistemático del derecho a la enseñanza en valenciano en la Universidad de Valencia". Con esta resolución, añade la Coordinadora, "queda totalmente probado que efectivamente se ha producido un daño moral contra los estudiantes". En la Universidad de Valencia la valoración ayer era muy distinta. El vicerrector Juli Peretó valoró la indeminación "simbólica" como una "muestra más del esfuerzo de la institución pública por la normalización lingüística". Peretó especificó que de los diez recursos presentados, en cuatro casos las reclamaciones son por no haber oferta en valenciano, a lo cual, precisó, "la universidad no está obligada". En otros cuatro, se trata de becarios y, por tanto, al no pagar tasas, "no se les puede devolver". Sólo en dos casos, hay una disfunción entre la oferta de cursos en valenciano y la capacidad de ejecución de la universidad se reduce a un 10% o 15%; en el "85% o 90% de los módulos se ha cumplido con la oferta en valenciano", precisa. En cualquier caso, el informe del Consejo Jurídico Consultivo, que no es de obligado cumplimiento, lo que ha hecho es sentar un importante precedente a nivel de todas las universidades públicas valencianas en favor de la normalización lingüística.