Declaración de fracaso

NO ES habitual que el alto cargo de un ministerio critique la gestión del departamento donde presta sus servicios, y menos aún que lo haga de forma vehemente. Pues bien, el secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Benigno Blanco, ha denunciado con dureza la arbitrariedad con que se aplican las llamadas declaraciones de impacto ambiental (DIA), un trámite administrativo que pretende garantizar que las obras públicas respeten el medio ambiente. En una carta de singular virulencia dirigida a la directora de Calidad y Evaluación Ambiental, también del ministerio que dirige Isabel Tocino, Blanco pone en solfa el anteproyecto de ley de Evaluación Ambiental y denuncia las DIA porque "ni el procedimiento, ni los trámites, ni los plazos, ni los criterios de la resolución final son, en la práctica, conocidos". Apunta Blanco que "estamos creando un reino de la arbitrariedad, seudociencia, poder omnímodo y discriminación", puesto que "la declaración puede emitirse en semanas, meses o años, sin que se sepa por qué". Según su descripción, las DIA se convierten en un obstáculo objetivo a la ejecución de los planes de inversión en infraestructuras, sin que nadie sepa a qué principios jurídicos y normas de actuación responden.Sería un error despachar las acusaciones del secretario de Estado simplemente como un desahogo momentáneo o como la demostración de su defensa de los intereses de la industria. Descontado el inflamado lenguaje, el fondo de la denuncia ha de ser analizado en profundidad. Muchas veces, las DIA están mal concebidas jurídicamente, se conceden de forma arbitraria y, con frecuencia, se utilizan como moneda para intercambiar favores políticos. La arbitrariedad y discrecionalidad del control administrativo son una merma del prestigio de las políticas ecológicas en España. Pero estas políticas son imprescindibles en cualquier esquema de gestión racional de los recursos; de forma que de una gestión política mal enfocada no debe derivarse la prescindibilidad de una auténtica política de medio ambiente.

El fracaso que denuncia Blanco es, en realidad, el fracaso político del ministerio en el que trabaja. Isabel Tocino, responsable de ese departamento, no ha sido capaz de articular un sistema de control medioambiental de las obras públicas que no sea disuasorio ni exasperante; tampoco ha sabido coordinar las grandes ordenaciones políticas (como la hidráulica) con la política de cuidado ambiental, separadas en compartimentos administrativos estancos. No es la única responsable del fracaso: si el Gobierno fuera realmente sensible a los problemas ecológicos, hubiera intentado evitar que la nula gestión de la titular del ministerio desprestigie tanto las políticas de medio ambiente. La supervivencia de Isabel Tocino en la última minicrisis ministerial muestra que el presidente del Ejecutivo, al menos en materia de Medio Ambiente, prefiere los grandes ademanes a las políticas comprometidas.