Trabajo rechaza la regulación de empleo en los astilleros de Huelva

La Junta de Andalucía rechazará el expediente de regulación de empleo que prevé la extinción de 150 contratos y que pretende presentar en breve la dirección de Astilleros de Huelva. La Delegación de Trabajo aboga por que se alcance un acuerdo entre empresa y sindicatos mediante la negociación. En este sentido, el delegado provincial de Trabajo, Manuel Alfonso Jiménez, dijo ayer: "Las medidas que se adopten en el astillero no deben ser traumáticas. Nos preocupa mantener el empleo y ningún expediente que extinga contratos nos gusta. Si además no viene con el acuerdo de los trabajadores, nos parece menos interesante aún". Jiménez, que ayer se reunió con los responsables de la factoría onubense, insistió en la necesidad de que se alcance un acuerdo negociado para que el astillero siga funcionando y se mantenga el mayor número de empleos posible y una buena relación entre trabajadores y empresa. La compañía, en un comunicado emitido ayer, defendía que este recorte, que dejaría la plantilla en 200 trabajadores, es imprescindible para asegurar la continuidad y la competitividad de la factoría, al liberarla de una carga salarial que en la actualidad consideran insostenible. El delegado provincial estuvo presente como responsable de empleo de la ejecutiva socialista en la reunión que este órgano mantuvo ayer con el comité de empresa. Los socialistas se ofrecieron a mediar en este conflicto laboral y propusieron la creación de una mesa tripartita entre sindicatos, empresa y PSOE para negociar la reducción de plantilla, según dijo al término del encuentro el secretario provincial, Javier Barrero. Barrero se mostró partidario de un "plan de viabilidad humanizado" en el que las bajas se produzcan por prejubilaciones y bajas incentivadas y que se recupere el volumen de trabajo en la factoría onubense, que hoy tan sólo tiene un barco en construcción. El portavoz sindical, Leonardo Arroyo, se mostró convencido de que la empresa ha tratado de aprovecharse de la política de reducción de personal que fomenta el Gobierno.