Los extranjeros sin papeles dependen de la "buena voluntad" de los médicos para recibir asistencia

El problema es burocrático. Cuando un inmigrante sin papeles se acerca a un hospital está en manos de la "buena voluntad" de sus profesionales porque, incluso si lo hace a través de la puerta de urgencias, debe pasar por el servicio de admisiones, donde le pedirán la tarjeta sanitaria, que no tiene. Lo dice el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez-Bayle, pediatra del hospital del Niño Jesús (Madrid). Si se trata de un menor, y con la ley en la mano, no debería tener ningún problema. Pero si lo tiene, sus padres en muchos casos no sabrán cómo enfrentarlo, explica José Luis Sánchez, portavoz de migraciones de CCOO, que tiene constancia de varios casos en los que la denuncia no ha llegado por temor a una expulsión.En urgencias no suele haber problemas. Es a la hora de recibir asistencia especializada o medicación -en la receta debe figurar el número de asegurado-, cuando las cosas se complican, admite Javier Pretel, de Médicos del Mundo, que no conoce ningún caso de un menor al que se haya negado asistencia desde que ésta es obligatoria. Sí admite que "hay médicos más y menos sensibles". En los casos extremos, como un trasplante, es la dirección del hospital quien decide, explica Sánchez-Bayle. En algunos centros salvan el escollo con una firma que compromete al interesado a correr con los gastos de la intervención. Un papel que, casi seguro, no se cobrará, pero que pone a los médicos a trabajar. El el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), gobernado por PSOE e IU, cuenta con esa buena voluntad de los profesionales sanitarios. Presta atención a todos los inmigrantes (2,6% de su población), sea cual sea su edad y situación legal, a través de dos consultas en un centro del Insalud y, si es necesario, los deriva a uno de los tres hospitales con los que tiene un acuerdo. CCOO y la FADSP defienden este tipo de actuaciones porque entienden la salud como un derecho. Algo de lo que ya tomó nota el informe del Defensor del Pueblo de 1997, que apuntó la "conveniencia" de universalizar la asistencia médica.