Díganle la verdad

JOSU URRUTIKOETXEA, conocido como Josu Ternera, fue el principal jefe de ETA durante los años 1987 y 1988. En ese plazo ETA asesinó a 71 personas, entre las que figuran las 21 de Hipercor y las 11 del cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, de las que seis eran niñas. Josu Ternera no sólo no ha pedido perdón o lamentado esas muertes, sino que en una entrevista aparecida cuatro días antes de las elecciones vascas no descartaba que ETA volviera a las andadas si el "centralismo" se mostraba sordo al clamor por la "modificación del marco político". Su designación como representante de Euskal Herritarrok en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco es una ofensa a las víctimas, al Parlamento, a los ciudadanos, y es también una provocación.Pero lo más inquietante es la indiferencia moral con que esa provocación ha sido acogida por aquellos a quienes en primer lugar se dirigía: los socios nacionalistas de EH en el Pacto de Lizarra, cuyos portavoces, con alguna notable excepción, como la de Juan María Atutxa, se han limitado a constatar la legalidad de la decisión. Puede entenderse que el PNV, por ejemplo, se muestre comprensivo con los planteamientos ultranacionalistas del mundo de HB; pero cabía esperar que utilizara esa mayor proximidad ideológica para hacer pedagogía respecto a la violencia. Para transmitirles, en suma, que ninguna causa podrá justificar los asesinatos de las niñas de Zaragoza o de los concejales del PP, y que ni el acercamiento de los presos ni ningún otro objetivo justifica el acoso con fines intimidatorios de los discrepantes políticos. Hace 66 años, los nazis alcanzaron el poder con una política que combinaba la intimidación con un gran dinamismo en la provocación. Ante cada concesión de los partidos institucionales, aumentaban la dosis. Hubo un momento en que esos partidos perdieron toda capacidad de resistencia, lo que hizo que sus bases se pasaran a las filas de los provocadores.

Los nacionalistas democráticos dijeron que no aceptarían imposiciones de ETA respecto a su política de alianzas, pero Ibarretxe se plegó a las exigencias de sus socios de Lizarra. Hasta hace 15 días, el PNV defendía la consigna del acercamiento de los presos de ETA, pero en la manifestación del día 9 asumió la de HB: el traslado a "centros penitenciarios de Euskal Herria". El día 12, Arzalluz declaró a la televisión vasca que "Otegi y compañía andan con absoluta sinceridad, como también Josu Ternera", porque "son los primeros interesados en el proceso de paz". Pero ni el más cínico consideraría compatible esa voluntad con la provocación de llevar a Ternera a la Comisión de Derechos Humanos. El lehendakari advirtió que no podría haber pacto de legislatura con EH mientras ese partido no condenara la violencia, pero ahora celebra unas declaraciones de Otegi en las que invita a reflexionar a los encapuchados sobre los pros y contras de la violencia callejera (kale borroka).

Otegi no se atreve a condenar a los encapuchados, ni el PNV a exigírselo en la reunión del foro de Lizarra. Se consigue así mantener la unanimidad nacionalista, pero siempre sobre la base del programa de los más extremistas. A éstos no se les dice la verdad y el resultado es que la política vasca vive en la impostura.