El Insalud recuerda a sus centros que deben atender a todos los menores

El Insalud en Madrid salió ayer al paso de la polémica enviando una circular a los directores gerentes de atención primaria y especializada en la que se les recuerda la obligación legal de prestar asistencia sanitaria a todos los menores, con independencia de su situación jurídica. Como segundo paso, esta Dirección Provincial del Insalud anunció que se iba a poner en contacto con las familias de los 12 niños cuya salud corre supuestamente "grave riesgo" al habérseles denegado, según la fiscalía, la atención sanitaria por su condición de inmigrantes ilegales. Tras adoptar estas medidas, el organismo sanitario insistió en que en sus centros, "y sobre todo en urgencias, los menores siempre son atendidos". Acto seguido señaló de forma críptica: "El Insalud quiere hacer constar que la legislación vigente no otorga a este organismo capacidad para reconocer el derecho de asistencia sanitaria".

Críticas del Unicef

Más nítida fue la reacción de la oposición e incluso del propio Gobierno. La secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, del PP, aunque sin despojarse de las "lógicas precauciones", lamentó y rechazó que los niños sin papeles puedan ser desatendidos sanitariamente. " no sólo porque lo dice la ley, sino porque forma parte de la cultura de los derechos humanos", indicó.Una vuelta de tuerca más dio la oposición. El PSOE, Nueva Izquierda e IU coincidieron en exigir la comparecencia en el Congreso del ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría. La portavoz socialista en sanidad, Ángeles Amador, engrasó su ataque con la acusación de que la negativa del Insalud a dar cobertura a los niños ilegales responde a una "estrategia premeditada" del PP. "No son casos aislados, ni nuevos ni casuales", remachó.

Izquierda Unida afirmó que la actuación del Insalud vulnera la legislación vigente, atenta contra los acuerdos internacionales y quiebra el sistema sanitario. Nueva Izquierda se sumó a la petición del fiscal de Menores de que se tramite urgentemente la tarjeta sanitaria para todos los hijos de inmigrantes irregulares. "Es una de las actuaciones más vergonzosas que ha tenido el Ministerio de Sanidad, sobre todo porque el Insalud tenía conocimiento desde hace tres meses de los hechos", dijo Diego López Garrido.

A este clamor de la oposición se añadió el de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que acusó al PP de considerar "ciudadanos no rentables" a los indocumentados, y del propio Unicef, que recordó que, a tenor de los datos expuestos por la fiscalía, España está incumpliendo los acuerdos internacionales.