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La Fiscalía afirma que el Insalud deniega la atención a niños hijos de 'ilegales' en Madrid

El ministerio público cree que esta discriminación pone en "grave riesgo" la salud de los pequeños

La salud de 12 niños suramericanos, africanos y centroeuropeos afincados en Madrid corre "grave riesgo" debido a la negativa del Insalud a prestarles asistencia médica por ser hijos de inmigrantes ilegales. Así lo sostiene la Fiscalía de Madrid, que ayer envió un escrito de reclamación previa al Insalud, en el que anuncia que denunciará al organismo sanitario si persiste en esta "vulneración del derecho fundamental a la salud del menor". El director provincial del Insalud se mostró "sorprendido" por el escrito y reconoció que la atención al menor es obligatoria sea cual sea su situación legal.

El escrito de reclamación, que adelantó la cadena SER, ha sido elaborado por la Sección de Menores de la Fiscalía de Madrid a partir de los testimonios facilitados por pediatras, médicos y servicios sociales de los ayuntamientos de la región. En ninguno de los 12 casos la denegación de asistencia médica se registró en los servicios de urgencia, sino en el curso de la asistencia clínica posterior."Los problemas han surgido cuando, una vez pasada la puerta de urgencia, a los pequeños se les deniega la radiografía, el análisis o la medicación por carecer de cartilla la Seguridad Social. Y claro, sus padres, como son ilegales, no se atreven a reclamar porque temen ser expulsados", explicó el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, quien recordó que ya en octubre había tratado verbalmente de estos casos con el Insalud. "Hemos tenido comunicaciones previas y el Insalud tiene los suficientes datos sobre el caso. Esto, aunque no sea una práctica generalizada, es un clamor. Lo único que pedimos es que se dé cobertura sanitaria a estos menores y que reciban un tratamiento como cualquier otro", añadió Bermejo.

Menos contundente se mostró el director provincial del Insalud en Madrid, Albino Navarro. Aunque reconoció las conversaciones mantenidas con el ministerio público, Navarro sostuvo que carecía de datos que permitiesen afirmar que se hubiese denegado asistencia a menores por no tener papeles. "Hasta este momento no hemos recibido ninguna notificación de la fiscalía y no tenemos constancia de esos casos. Pero me cuesta creer que un facultativo pueda denegar asistencia médica a un niño. Hay instrucciones reiteradas en este sentido, sobre todo desde 1996, cuando la Ley del Menor impuso la obligatoriedad de tratar a todos los niños por igual, sea cual sea su situación legal. De todos modos, mañana mismo enviaré una circular para insistir en este punto", afirmó Navarro.

Para este director provincial del Insalud, si se demuestra que un médico o un centro sanitario ha dejado sin cobertura a algún niño, se abrirá el correspondiente expediente. "En nuestro ánimo está corregir cualquier irregularidad que se haya producido", concluyó Navarro.

Derecho vulnerado

El escrito de reclamación de la fiscalía no deja otra opción al Insalud. Tras establecer que los casos registrados suponen una "vulneración del derecho fundamental a la salud", exige de forma taxativa que estos menores reciban la asistencia sanitaria, a la que tienen derecho "en las mismas condiciones que los menores españoles".Esta reclamación la formula la fiscalía tras constatar que la denegación de asistencia sanitaria ha puesto en grave riesgo la salud de los pequeños. Una circunstancia que, según la exposición de hechos del ministerio público, implica una vulneración directa y flagrante de toda una batería de leyes españolas e internacionales. La primera es el artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece para todos los niños el derecho a la protección de la salud. Acto seguido, el escrito de reclamación recuerda que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por España en 1990, impone a los Estados la obligación de asegurar a los menores el "más alto nivel posible de salud" y también a prestarles "los servicios necesarios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud".

A este bastidor normativo, la fiscalía añade la Ley Orgánica de Protección del Menor, que señala expresamente que los niños que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria aun cuando no residan legalmente en este país. Esta fundamentación jurídica finaliza con el recordatorio de que tanto la Ley de Extranjería como la Ley de Derechos de la Infancia de la Comunidad de Madrid defienden el libre acceso de los menores al sistema sanitario público, incluidos la hospitalización, el tratamiento y la rehabilitación sin discriminación.

El contraste de estas leyes con la situación de riesgo que atraviesan los niños enfermos deja en evidencia, para la fiscalía, que los "poderes públicos" han incumplido la obligación de proporcionarles asistencia sanitaria y han violado así su derecho fundamental a la salud. Responsable de ello, a tenor del citado escrito, es el Instituto Nacional de la Salud. Resultado: la fiscalía emplaza a este organismo a tomar las medidas necesarias para acabar con esta discriminación. En caso contrario, llevará al Insalud ante los tribunales.

Toda una bomba judicial, a la que la portavoz parlamentaria del PSOE en Sanidad, Ángeles Amador, añadió ayer una vuelta de tuerca política con el anuncio de que su grupo pedirá la comparencia urgente del ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, para que explique las causas de "la reiterada denegación de asistencia a los hijos de inmigrantes ilegales". "Lo ocurrido reviste enorme gravedad, porque la fiscalía ha tenido que llegar al escrito de reclamación al no surtir efecto los contactos verbales que había tenido con el Insalud. También revela el derrotero que está tomando la política sanitaria del Gobierno", afirmó Amador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de enero de 1999