Los católicos italianos consiguen dinero público para la escuela privada

En medio de un clima de gran tensión, una región italiana, la Emilia-Romagna, acaba de aprobar una polémica ley con la que se subvenciona a las escuelas privadas de forma indirecta. La Constitución prohíbe hacerlo de manera directa, por lo que la nueva vía dirige la subvención directamente al alumno. La iniciativa recoge los aspectos esenciales de una ley que debate actualmente el Senado, que se aplicará en todo el Estado y ha recibido duras críticas de la izquierda.

El nombre no puede ser más alambicado y confuso, pero, en la práctica, todo el mundo sabe lo que significa la ley denominada Sistema Formativo Integrado para el Derecho al Estudio, que acaba de aprobar la Junta de la región de Emilia-Romagna en un clima de gran tensión. El gobierno de la región más roja de Italia ha sido, paradójicamente, el primero en adoptar los aspectos esenciales de la ley de igualdad escolar, aplicable a todo el país, que debate en estos momentos el Senado italiano.La Junta emiliana, dominada por el partido de los Demócratas de Izquierda (el principal en la coalición que gobierna Italia), ha estado a punto de romperse en dos a raíz del debate sobre una ley que fue aprobada el viernes con los votos de la derechista Alianza Nacional, el partido ex fascista que dirige Gianfranco Fini. Gracias a este texto, la región destinará unos mil millones de pesetas a alimentar ese "sistema formativo integrado".

La mayor parte del dinero, unos 750 millones, será para financiar los estudios de los alumnos más aventajados, siempre que sus familias no superen unos ingresos anuales de cinco millones de pesetas. Según los cálculos de los expertos, los alumnos de escuelas privadas (la mayoría católicas y con un coste anual medio de 650.000 pesetas) recibirán hasta 300.000 pesetas al año como beca de estudios. Los de escuelas estatales (con un coste de 65.000 pesetas al año) recibirán únicamente 30.000 pesetas.

El resto del dinero irá a parar directamente a los centros para mejorar comedores, transporte y hasta para dotar con ordenadores y conexión a Internet a las escuelas que no tengan aún estos servicios. Estas ayudas estarán dirigidas también a los centros privados, siempre que respeten unos criterios mínimos: finanzas transparentes, haber aplicado el contrato nacional de trabajo a su personal, aceptar todas las inscripciones sin discriminaciones y respetar la libertad de enseñanza.

La ley, en la que toda la sociedad italiana ve un claro precedente de la que está decidido a aprobar el Gobierno de la nación, ha provocado ya una reacción virulenta de los comunistas y de los sindicatos de izquierda, que piensan recurrir al Tribunal Constitucional contra el texto. Bruno Moretto, miembro del Comité Escuela y Constitución -una organización que vela por la aplicación de la Carta Magna en el ámbito de la educación-, no excluye la posibilidad de solicitar un referéndum sobre la nueva normativa. "La región", dice Moretto, "está creando un sistema integrado sin tener ninguna competencia para hacerlo".

La batalla en el Parlamento italiano se presenta difícil, con la decena de partidos que integran el Gobierno divididos en dos grandes bandos. De un lado, el DS, que forma un bloque con el Partido Popular Italiano (principal heredero de la Democracia Cristiana), Renovamiento Italiano y la Unión Democrática para la República (UDR). Del otro, verdes, comunistas italianos, republicanos y socialistas.

Con la calculadora en la mano resulta triunfador el primer grupo, pero en Italia las sorpresas políticas están a la orden del día. Una cosa está clara: el primer ministro, Massimo d'Alema, es uno de los principales promotores de esta controvertida nivelación de situación entre centros públicos y privados. "El tiempo de las guerras de religión ha pasado ya", declaró hace semanas, en vísperas de su visita al Papa, el 8 de enero pasado.