Los diputados de Brasil deciden hoy sobre el pacto con el FMI

En un nuevo y decisivo intento de recuperar algo de su credibilidad, el presidente Fernando Henrique Cardoso intentará hoy, por quinta vez, la aprobación del Congreso para la reforma que impone a los pensionistas del sector público una retención sobre sus ingresos y cuotas a la Seguridad Social. La propuesta ha sido rechazada cuatro veces en 1998. Aprobada, significará al Estado un ahorro de alrededor de 2.295 millones de euros (381.855 millones de pesetas), casi la quinta parte del recorte del gasto público para 1999.

El Gobierno lograba ayer en el Senado, en segunda lectura, la elevación del impuesto sobre transacciones bancarias, que significa un aumento de 3.900 millones de euros (648.905 millones de pesetas) en la recaudación.La difícil aprobación de ambas medidas es parte del desafío crucial del presidente, pero no el final. Falta aprobar el recorte de 5.100 millones de euros en el presupuesto de 1999, y resolver el enfrentamiento entre Estados y Gobierno federal por deudas que suman 153.000 millones de euros.

Los gobernadores, que asumieron sus cargos el 1 de enero, dicen no tener para pagar. El Gobierno necesita ese dinero para aumentar su capacidad de pago, según lo pactado con el FMI. Desde la crisis desatada hace una semana, con la moneda devaluada más del 25% frente al dólar, el presidente Cardoso se lanzó a una verdadera cruzada para demostrar que tiene capacidad de cumplir los acuerdos pactados.

La tarea, en todo caso, es dura. Al fin y al cabo, Cardoso gobierna desde 1995 con el respaldo de una coalición que le asegura mayoría absoluta en el Congreso, y viene de una resonante victoria en las elecciones de octubre pasado, cuando se tornó el primer presidente brasileño reelegido. Pero para los observadores externos y para los analistas de la comunidad financiera internacional, la lentitud en aprobar el plan de ajuste consolida su debilidad. En Brasil, la opinión pública y los medios financieros encaran la situación con críticas que se repiten cada día. Para los analistas extranjeros, el problema debería ser la oposición y no los aliados.

Cardoso llegó a Brasilia en enero de 1995, respaldado por el éxito del plan que acabó con la inflación galopante. Dio a los brasileños la idea de que por fin el país tenía una moneda fuerte y una economía estable. Pero no logró hacer las reformas que llevasen al Gobierno a gastar lo que realmente podía.

Durante un largo periodo, el real brasileño vio su valor respaldado por el ingreso masivo de capitales especulativos, las privatizaciones aceleradas y las importaciones generosas. Bastó dejar el real a los vientos del mercado para que se desplomara casi un 30% en una semana, y hoy vale la mitad que en julio de 1994, cuando nació.

El arco de partidos que sostiene al presidente responde a una maraña de intereses circunstanciales, y el Gobierno tiene que negociar cada paso. Medidas de resultados impopulares, con fuertes impacto social, son moneda de canje para intereses inmediatos de los aliados. La oposición de izquierda, centrada en el Partido de los Trabajadores (PT) de Luís Ignácio Lula da Silva y en el Partido Demócrata Laboral (PDT) de Leonel Brizola, trabaja con un punto de vista esencialmente ideológico. En el Congreso, sin embargo, la oposición es francamente minoritaria. Las dificultades vienen de los aliados del Gobierno, porque su posición es corporativista y su precio es alto.

En Brasil, un parlamentario insatisfecho puede cambiar de partido a mitad de la legislatura y alterar el equilibrio entre las fuerzas de la alianza gubernamental. Ese cambio, muchas veces, es compensado con puñados de dólares. Los diputados responden más a intereses corporativos (están los ganaderos, los fabricantes de azúcar, los dueños de hospitales y escuelas, los evangélicos) que a los del partido. Un partido puede mantener tres ministros y a la vez un gobernador que declara una moratoria de pagos al Gobierno federal, desatando el temporal que tumba la moneda y lleva al presidente al purgatorio. Una medida impopular como la que se vota hoy significa para el Gobierno negociar voto a voto.

Ése es el escenario. Si se suma un presidente que carece de liderazgo real, que evita a cualquier precio la confrontación y que cree ciegamente en los experimentos teóricos de los economistas, dejando la decisión política en un segundo plano, quizá resulte un poco más fácil entender el difícil panorama.