Bajo el techo de Otazu

Vitoria Radu Adam es uno de los cincuenta rumanos que a partir del próximo miércoles será ciudadano de Vitoria. El empadronamiento es el primer requisito que ha establecido el Ayuntamiento de la capital para que este colectivo de inmigrantes pueda conseguir un lugar donde vivir. Después de que seis vitorianos pernoctaran el día de Navidad frente a la casa consistorial en protesta por la situación en la que se encontraban, el alcalde ha decidido resolver en parte los problemas por los que pasan estas nueve familias, procedentes en su mayor parte de la ciudad de Timisoara. Los rumanos de Vitoria, conocidos en la ciudad por su trabajo como vendedores en los semáforos del periódico La calle, llevan dos años viviendo en furgonetas y atendidos por un colectivo de voluntarios vinculado a la parroquia del Buen Pastor. Llegaron a España en camiones de transporte internacional, pasaje por el que pagaron 17.000 pesetas por persona. En Rumania trabajaban en el campo, como mecánicos o pintores. Vendieron todas sus pertenencias para costearse un viaje sin retorno posible a un paraíso que, para ellos, no se ha aparecido como tal. Sin vínculos entre las diferentes familias, salvo la nacionalidad, todos supieron de una u otra manera de la existencia de La calle y de la posibilidad de su venta para ganar algún dinero. Y es su relación con este periódico la única conexión entre ellos. El Ayuntamiento de Vitoria destinará para su alojamiento el albergue de Otazu, cedido por la Diputación para este fin. Allí tendrán que vivir en una armonía que no existe, según los que conocen las relaciones de estas familias, integradas por Radu Adam, de 31 años, su mujer Carmen Kristoff, de 28, y el mayor de sus tres hijos, junto con otros 50 compatriotas. Además, la gestión de esta estancia estará llevada por una ONG vinculada a la Iglesia Evangélica. El asunto no se ha resuelto con fortuna. Como explica Plácido Herbón, responsable de La calle en Álava y miembro de la Asamblea de personas afectadas por la exclusión social, "después de dos años atendiendo a estas personas y pidiendo a las instituciones un remedio a su precariedad, ahora el Ayuntamiento resuelve la situación llevando a esta gente a un gueto que no ayuda en nada a su integración". La mejor solución sería instalar a estas familias en viviendas municipales, hasta que tuvieran medios para poder pagar el alquiler de su casa. Así ha ocurrido con dos familias que viven en Miranda en pisos arrendados, pagados por el consistorio vitoriano. "En Vitoria, hay viviendas municipales que en la actualidad están vacías, como la que se encuentra en el número ocho de la calle Puerto de Barazar. La verdad es que el Ayuntamiento no tiene voluntad de solucionar este problema. Es mejor mandar a los pobres a Miranda o hacer solidaridad en Centroamérica que resolver las necesidades de la cara oculta de la ciudad", resume Plácido Herbón.