Prueba de estabilidad

EL ROTUNDO descenso de la inflación en España en el año 1998, durante el cual el IPC ha registrado un aumento del 1,4% -cinco décimas por debajo de las previsiones del Gobierno-, es, como se ha repetido, un resultado histórico y una demostración de que la economía española atraviesa por una fase de estabilidad caracterizada por aumentos muy moderados de los precios, bajos tipos de interés y un recorte severo del déficit público. El éxito antiinflacionista, del que toda la sociedad, incluidos el Gobierno, el Banco de España y las autoridades económicas, debe felicitarse, se ha conseguido además en el cuadro de un crecimiento económico elevado -en torno al 3,8% el año pasado-, demostrándose así que es posible crecer y controlar la inflación de forma simultánea.El éxito antiinflacionista de 1998 anima a continuar en la tarea de bajar más los precios, que, por otra parte, es obligada si la economía española quiere situarse en una posición competitiva dentro del área del euro y no quedar relegada al papel de una región periférica en el espacio europeo. Porque los precios en España son prácticamente tres veces superiores a los registrados en los países centrales de la moneda común. La inflación en Francia subió el 0,3% en 1998, en Alemania el 0,5%, y el promedio armonizado en los países de la moneda europea ronda el 1%. De ahí que sea imperativo redoblar los esfuerzos para bajar todavía más la inflación española y aproximarla a los indicadores de Francia o Alemania.

El análisis del IPC de 1998 demuestra que la mayor parte de la reducción de los precios se ha sustentado sobre el descenso de los precios energéticos (-6,6%) y en el buen comportamiento de los precios alimenticios, propiciado por las buenas cosechas agrícolas. Son evoluciones aleatorias, no controlables, que pueden ser desfavorables en el futuro. La inflación subyacente el año pasado (2,2%) ratifica las frágiles bases sobre las que se sustenta la moderación de precios en España. La posibilidad de que la inflación española repunte este año debe ser tenida muy en cuenta a la vista de la mala evolución de los componentes estructurales del IPC que desvela el indicador subyacente.

El diagnóstico empeora cuando se comprueba que la tasa anual de crecimiento de los precios de los servicios ha sido del 3,7%, tres décimas más que en 1997. El enquistamiento de estos precios demuestra que el Gobierno o no ha aplicado políticas de liberalización adecuadas para corregir ese núcleo inflacionista, o las aplicadas no han tenido éxito. La primera hipótesis es sin duda la más convincente. El examen detenido del Plan de Estabilidad presentado recientemente por el Gobierno español revela un programa de reformas estructurales muy pobre, prácticamente fantasma, limitado a la mera enunciación de buenas intenciones y carente de alcance político o económico. La ausencia de reformas estructurales en suelo, farmacia, servicios profesionales o telecomunicaciones presagia la aparición de dificultades serias cuando el ciclo económico empeore; y resulta, desde luego, un riesgo para sectores decisivos. No se entiende, por ejemplo, por qué no se aplican reformas que rebajen los precios turísticos, aunque sean estacionales, para proteger el mercado de un sector, como el del turismo, que salva las cuentas exteriores de la economía española año tras año.

El descenso de la inflación en 1998 ha sido sin duda espectacular y meritorio. Pero, para no caer en la autocomplacencia, hay que considerar que el mundo en general y Europa en particular atraviesa por una etapa de baja inflación que ha influido decisivamente sobre la moderación de los precios en España. Las tensiones latentes en los costes españoles exigen un tratamiento urgente. El Gobierno perderá una oportunidad preciosa si deja pasar este periodo de baja inflación sin afrontar las reformas necesarias para disolver drásticamente los núcleos de costes elevados que constituyen un peligro evidente para la estabilidad económica española.