El Gobierno de Bono estudia exigir a Tomey la devolución de las subvenciones

La Junta de Castilla-La Mancha estudia exigir a la Diputación de Guadalajara, que preside Francisco Tomey, senador del PP, la devolución de parte de los 15.500 millones de pesetas concedidos en subvenciones y empleados irregularmente según un informe de la Cámara de Cuentas de la comunidad. El PP considera que el autor del informe fiscalizador se ha "extralimitado" y pone en duda su imparcialidad. El síndico dice que ha trasladado el informe a la Fiscalía Anticorrupción "por las responsabilidades penales que puedan derivarse" y defiende su carácter técnico.

Las consejerías de la Junta de Castilla-La Mancha, que preside el socialista José Bono, estudiarán las subvenciones que otorgaron a la Diputación de Guadalajara, durante el periodo comprendido entre 1993 y 1996, y decidirán si procede exigir su devolución a la vista de las presuntas irregularidades en su aplicación denunciadas por la Cámara de Cuentas de esa comunidad. Ésta asegura en un informe que hay "indicios de responsabilidad contable" en el uso y destino de 15.461 millones de pesetas.Antonio Pina, consejero de Administraciones Públicas, anunció que se estudiarán, una a una, las subvenciones concedidas a Francisco Tomey, el presidente del mencionado organismo, y se exigirá su devolución a la Junta si se confirman las "graves" anomalías detectadas por la Cámara.

Miguel Ángel Cabezas, síndico de la Cámara que ha fiscalizado y denunciado el uso de las subvenciones recibidas por Tomey, se convirtió ayer en el blanco del PP. Pedro Peral, responsable del Grupo Popular en las Cortes regionales, calificó su actuación como "escandalosa" y aseguró que se ha extralimitado al remitir su informe a la Fiscalía Anticorrupción.

Peral destacó que el aludido documento, cuyas líneas generales fueron adelantadas ayer por este periódico, era provisional y que, con su iniciativa, el síndico "ha hecho una condena pública de la Diputación de Guadalajara sin dar oportunidad a que se defienda". "Esto ha sido un juicio sumarísimo", concluyó.

La ley establece un plazo de 15 días para que la institución fiscalizada presente sus alegaciones al informe provisional de la Cámara. En este caso, el síndico ha enviado su informe al fiscal y al Tribunal de Cuentas sin que la corporación de Tomey se pronunciara sobre las graves acusaciones e irregularidades que pesan sobre ella.

El dirigente del PP criticó también que la Cámara de Cuentas fiscalizara 15.461 millones de pesetas incluyendo entre los mismos 13.500 que provienen del Fondo de Cooperación Municipal que otorga el Gobierno nacional. No obstante, el informe de Cabezas no cuestiona ni hace alegación alguna a estas partidas de subvenciones estatales, sino sobre las dadas por la propia Junta. Por su parte, dirigentes del PSOE pidieron la inmediata dimisión de Tomey.

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha respondió ayer a estas acusaciones mediante una nota oficial en la que destaca que fiscalizó las subvenciones de Tomey por orden de las Cortes de esa comunidad, que lo aprobaron el 12 de marzo de 1998.

Reconoce que el informe es provisional, pero argumenta que su remisión al fiscal y al Tribunal de Cuentas responde al cumplimiento de la ley de Sindicatura de Cuentas al haber detectado "indicios de responsabilidad contable". "Debe reiterarse su carácter provisional, sujeto a contradicción, sin perjuicio de las medidas cautelares a que estamos obligados en defensa del interés público", añade.

La Sindicatura agrega que no ha hecho más que cumplir con el mandato que recibió de las Cortes y que su comportamiento en este y otros informes ha sido "exclusivamente técnico" y al servicio de esa institución pública. Concluye que debe mantenerse al margen "del legítimo debate político".