Los pescadores piden al Estado una acción jurídica contra Gibraltar
La mesa del sector pesquero creada tras los incidentes que desde el pasado año se vienen repitiendo en aguas próximas a Gibraltar anunció ayer que ha solicitado la intervención jurídica de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Asuntos Exteriores para que aclare el último incidente. El pesquero algecireño Pablo Juan fue denunciado por Gibraltar después de que sus redes se enredaran en la embarcación del práctico del puerto de la colonia. Los pescadores insisten en que las autoridades gibraltareñas impiden que los barcos de Algeciras y La Línea que faenan al cerco realicen su trabajo con normalidad. Los miembros de la mesa, reunidos ayer en el Ayuntamiento de Algeciras, explicaron: "Lo que podría catalogarse como un accidente, ha pasado a ser un incidente en toda regla, dado que las autoridades gibraltareñas denunciaron al barco español por lo ocurrido, a pesar de que según los informes de los inspectores del Ministerio de Agricultura y Pesca, el Pablo Juan se encontraba faenando en un lugar legal, según el entendimiento verbal al que llegaron los Gobiernos español y británico". Este nuevo incidente en aguas próximas a Gibraltar ocurrió, según aseguró Pedro Maza, presidente de los armadores andaluces, el pasado 7 de enero alrededor de las 22.00 horas. "El barco se encontraba a unos 500 metros de la costa y con las artes caladas a 41 metros de profundidad, con todas las luces e indicando que no tenía maniobra, cuando el barco gibraltareño se metió entre sus redes provocando los correspondientes daños", explicó Maza. Intervención judicial El alcalde de Algeciras, el andalucista Patricio González, portavoz de la mesa, declaró: "Es importante que se intervenga judicialmente por parte de la Junta y el Ministerio de Exteriores". El armador del barco ha presentado una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Algeciras. Por su parte, el alcalde La Línea, el popular José Antonio Fernández Pons, reiteró que el acuerdo de pesca en estas aguas "no se están cumpliendo". A su juicio, "deben ser los Gobiernos de Londres y Madrid los que deben hacer cumplirlo a las autoridades de Gibraltar". "La situación no está resuelta y hay miedo entre los pescadores, que faenan en contadas ocasiones y con el hostigamiento de la policía británica", agregó Fernández Pons. Asimismo, Miguel Alberto Díaz, secretario de CC OO, volvió a insistir en el problema laboral que suscita este conflicto desde finales del pasado año. "500 familias están afectadas por esta situación, ya que el hostigamiento de las patrulleras de la Royal Gibraltar Police continúa y, por ello, es necesario que se retome la situación por parte de Exteriores, ya que muchas de estas personas hace tiempo que están empezando a pasar hambre", dijo el sindicalista.
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