La Junta blinda el acceso al salario social para que sólo lo reciban quienes lo necesitan

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer la reforma del llamado salario social, una ayuda que han percibido 80.000 andaluces en los últimos ocho años, por una cuantía total de 40.000 millones de pesetas. La principal novedad del decreto que regula este instrumento radica en que los perceptores deberán forzosamente firmar un documento en que el que se comprometen a asistir a los cursos de formación que en su día organicen los ayuntamientos y a otras medidas de reinserción, ya que en caso contrario perderán la ayuda. De esta forma se quiere evitar que haya "profesionales" del recurso y se pretende que la medida sirva realmente para que los perceptores puedan acceder al mercado laboral.

Saldaña ofreció datos de la edad (entre 30-39 años) o la procedencia territorial (el 80% vive en espacios urbanos) de los que han recibido el salario social desde que éste existe, pero reconoció que no ha habido ningún seguimiento de si las 80.000 personas que han cobrado la ayuda tienen un trabajo. De hecho admitió implícitamente el mal funcionamiento del plan, ya que, según dijo, el 40% de los beneficiarios de los últimos años han sido los mismos. La modificación del decreto que regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad (así se llama la norma) reduce la edad de acceso al salario social de los 35 a los 25 años en el caso de familias unipersonales. Habrá una excepción a este límite: los menores tutelados por la Junta de Andalucía que no hayan conseguido la inserción social, a los que les bastará cumplir 18 años. Las personas que pueden recibir la ayuda son aquellas que no tienen ningún ingreso o las que demuestren unos recursos mensuales inferiores a 43.200 pesetas (el 62% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), estipulado en unas 70.000 pesetas para 1999). En este último caso, la Junta complementará hasta un tope esos ingresos. Por ejemplo: si una persona acredita cobrar 40.000 pesetas, la Junta dará hasta el 15% del SMI, unas 10.500 pesetas. Esa cantidad se incrementará en un 8% por cada miembro de la unidad familiar, aunque se fija el tope máximo del Salario Mínimo Interprofesional, utilizado como patrón por la Consejería. Los pagos, al contrario que la anterior normativa, se harán mensualmente y se podrá recibir durante un total de seis meses cada año. 16.500 solicitantes Las previsiones del consejero cifran en que cerca de 16.500 personas solicitarán la ayuda y que "dado el perfil de los solicitantes en los últimos años", se dará a unas 11.000 personas. El programa cuenta con un presupuesto de 3.700 millones de pesetas. La principal novedad de la norma radica en que los que accedan al salario "tendrán que firmar un contrato de garantía de reinserción" como acudir a los programas de formación profesional y fomento de empleo y de "responsabilidad familiar" en los ámbitos del mercado laboral, escolarización, salud y vivienda, obligaciones que en teoría inspeccionarán los servicios de Asuntos Sociales en colaboración con los ayuntamientos. El decreto prevé que estas personas podrán recibir subvenciones de hasta el 90% en el alquiler de viviendas de promoción pública. Pérez Saldaña adelantó que en el decreto que la Junta prepara sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas, las empresas privadas que contraten a los inscritos en el salario social tendrán subvenciones. También abogó por unificar criterios entre todas las comunidades y el Ministerio de Trabajo sobre las rentas mínimas.