La funeraria accede, al fin, a pagar los 2.275 millones que debe al Ayuntamiento desde 1992

La empresa privada Funespaña, que regenta el 49% de las acciones de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, heredera de la funeraria municipal, ha decidido, por fin, pagar una vieja deuda: desde 1992, cuando compró el 49% de las acciones, debe 2.275 millones al Ayuntamiento. En el último consejo de administración, celebrado el 29 de diciembre, se acordó devolver este dinero a las arcas municipales en los próximos seis años. El Tribunal de Cuentas, que aún investiga el proceso de privatización de la funeraria, destapó en enero la existencia de esta deuda.

La historia de esta multimillonaria deuda arranca del proceso de privatización de parte de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. En diciembre de 1992, el pleno municipal acordó, con el voto en contra de la oposición (IU y PSOE), vender por 200 millones de pesetas el 49% de las acciones de la funeraria a un conglomerado de empresas del sector que respondía por Funespaña. Ahora bien: la Empresa Municipal de Servicios Funerarias arrastraba por entonces una deuda de 2.275 millones de pesetas (correspondientes a los pagos del personal, que hasta entonces adelantaba el propio Ayuntamiento). En el proceso de privatización, el Gobierno municipal no reclamó a Funespaña esos 2.275 millones de pesetas para facilitar así la venta del 49% de las acciones, que resultaban mucho más baratas.La oposición criticó el acuerdo y dos años más tarde, el Tribunal de Cuentas empezó a investigar la controvertida venta. Las conclusiones de los auditores públicos salieron a la luz en enero de 1998. El Tribunal de Cuentas consideraba que esta deuda no tenía que perdonarse de ninguna manera. El Ayuntamiento, por medio de una carta remitida en el último momento al Tribunal de Cuentas, intentó que las conclusiones de los auditores no fueran tan negativas a la hora de enjuiciar el proceso: el alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, escribía en esa nota que la cantidad de dinero "sería exigible por el Ayuntamiento".

Pero hasta ahora no se había concretado este pago. En el consejo de administración del 29 de diciembre, el representante de Funespaña y el del Ayuntamiento acordaron que la deuda se pagará de la siguiente manera: entre 1999 y el 2001 se abonarán 600 millones, a razón de 200 millones cada año. En los dos años siguientes, la cantidad a satisfacer por parte de Funespaña será de 800 millones, a razón de 400 millones por año. En el 2004, Funespaña pagará al Ayuntamiento 600 millones y, por último, antes del 31 de diciembre del 2005, deberá abonarse lo que quede, esto es, 275 millones.

La razón de este pago fraccionado la explica el concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, apelando a la marcha de la empresa: "No se puede pedir a una empresa que pague de golpe 2.275 millones. Si lo hiciéramos, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, de la que, no nos olvidemos, el Ayuntamiento forma parte con un 51% de las acciones, se vería obligada a pedir una ampliación de capital. Así que nos pediría dinero, con lo que el pago de la deuda no serviría de nada". El concejal socialista Leandro Crespo no se lo cree: "Vamos a ver: esta empresa tiene ahora beneficios de miles de millones al año. Que no me digan a mí que no pueden pagar la deuda de una tacada porque no es cierto. Lo que pasa es que el PP sigue haciendo lo que hace siempre: favorecer a las empresas privadas".

A iniciativa de Izquierda Unida, el Tribunal de Cuentas estudia de nuevo el proceso de venta del 49% de las acciones. El objetivo de la oposición es que "se profundice otra vez en el proceso para comprobar si han existido irregularidades o tratos de favor", según explicó en octubre la candidata a la alcaldía por IU, Inés Sabanés. Juan Barranco, portavoz del PSOE, dijo también entonces que le parecía "muy sospechoso que el PP nunca haya querido que esto se analice".

El concejal de Hacienda replicó ayer a la oposición municipal: "Tras el compromiso del pago de la deuda, el equipo de gobierno no tiene nada que temer de la nueva investigación del Tribunal de Cuentas".