Garantía de equidad y calidad

Se propugna la gestión privada en la provisión de servicios públicos básicos utilizando tres argumentos: la competencia favorecería una mejor asignación de recursos, la gestión privada permitiría una mayor eficiencia y se acabaría con las élites funcionariales. El primer argumento no se sostiene; así lo han señalado múltiples economistas, y, además, sólo con seguir las noticias se comprobará que el mercado es de gran eficiencia y eficacia a la hora de proveer armamento a los países del Tercer Mundo, pero ineficaz si se trata de conseguir alimentos, educación o servicios sanitarios para la población de esos mismos países. Además, en el sector sanitario, la provisión privada de servicios conlleva grandes costes administrativos y de gestión que o encarecen el servicio (EEUU) o, por contra, disminuyen las disponibilidades para asistencia sanitaria (Gran Bretaña).

La segunda cuestión es menos evidente. No obstante, la gestión privada favorece la búsqueda de la rentabilidad y evita los riesgos, que no se distribuyen homogéneamente entre la población. No se ha podido demostrar que, a iguales niveles de calidad de las prestaciones y complejidad de las enfermedades atendidas, sean más baratos los centros privados, y la única comunidad autónoma que tiene una provisión sanitaria privada hegemónica (Cataluña) es la que gasta más y la que genera déficit continuos.

Por fin están las supuestas características "intrínsecas" de los empleados públicos. Nada más ajeno a la realidad; la mayoría de los trabajadores del sector público realizan su tarea con una dedicación e interés notorios, y su eficacia no es muy distinta de la de los trabajadores del sector privado. Lo que molesta es la autonomía e independencia de los funcionarios. Pero eso precisamente es una garantía para los ciudadanos.

Existen razones de peso para propugnar una gestión pública de los servicios básicos:

1.La protección de derechos fundamentales. La salud, la educación, etcétera, están reconocidos tanto por la Declaración de Derechos Humanos como por la Constitución española. Se trata de derechos de todos los ciudadanos, sin excepción, que precisan de protección efectiva, en todos los casos, y en todo el territorio del Estado español, y son los poderes públicos los que tienen que garantizarlos.

2. La equidad y la solidaridad. Los servicios públicos suponen un esfuerzo solidario de todos, los más sanos con los más enfermos, los que tienen mayores ingresos con los más desfavorecidos. Son un pilar básico de la cohesión social. Su finalidad es responder a las necesidades de los individuos, para que todos reciban las atenciones que precisan, sin tener en cuenta su raza, su nivel socioeconómico o su ubicación geográfica. Este principio se quiebra cuando aparecen intereses empresariales que buscan la ganancia y no la equidad.

3.La calidad del servicio. Sólo los servicios públicos permiten asegurar una elevada calidad, sobre todo en aquellos casos en que la calidad aparece como "intangible", difícil de percibir para los ciudadanos. La red pública opta por la calidad, que es costosa (equipamientos, equipos de guardia, personal suficiente, etcétera), y la privada, más bien por la hostelería. Cuando hay complicaciones importantes, los enfermos son derivados al sector público que soluciona los problemas. Esta práctica produce una transferencia económica de lo público a lo privado, ya que éste se especializa en lo "rentable" y lo público corre con las pérdidas. Pero ¿qué pasará cuando se impongan los criterios privados en toda la red sanitaria? La autonomía profesional, fundamental para que cada enfermo reciba las atenciones que precisa, choca con los criterios de ahorro y control del gasto de los gerentes, como se ha comprobado en EEUU o Gran Bretaña.

4. La privatización de la gestión lleva a la privatización de los servicios públicos. Cada sistema tiene su propia lógica. La gestión privada propende a introducir la lógica del mercado y la competencia, la mercantilización de los derechos básicos, que dejan de serlo y se convierten en capacidad de compra; el establecimiento de copagos, y al final, la provisión privada generalizada y, como mucho, una red de beneficencia pública (pero, ya se sabe, "un servicio para pobres acaba siendo un pobre servicio").

5. La gestión privada acaba con los sistemas de participación y control. El control y participación de los profesionales y usuarios son fundamentales en los servicios públicos tanto porque están siendo financiados con el dinero de todos como porque sus propias características precisan de una activa colaboración de ambos sectores para su buen funcionamiento.

Señalar que la gestión de los servicios públicos es consustancial con su propia esencia y finalidad no quiere decir que todo deba seguir igual y que no sean susceptibles de mejora. Los servicios públicos deben transformarse continuamente, pues las necesidades sociales que atienden también están en cambio permanente, y existen mecanismos para ello, pero siempre dentro del ámbito de solidaridad y atención de calidad a las necesidades de la población que son su razón de ser.