Protección de Datos expedienta a una empresa del hospital de Alcorcón

La Agencia de Protección de Datos (APD) ha abierto un expediente sancionador a Sogalimpi,SL, la empresa concesionaria de las limpiezas de la Fundación Hospital Alcorcón (142.000 habitantes). Esta compañía ha incumplido, según la APD, su obligación de notificar a la agencia los ficheros automatizados que contengan datos personales, tal y como recoge la Ley de Protección de Datos de 1992. Este expediente surge tras la denuncia que presentó María Cruz Pardeiro, de 45 años, una solicitante a los primeros 756 puestos de trabajo del hospital. La afectada optaba a un puesto de telefonista. Tras presentarse a los exámenes, no pasó la nota de corte para la tercera fase del proceso, la entrevista de selección. Pardeiro recurrió porque se le había olvidado añadir a su currículo dos cursos de información y turismo. Su petición fue desestimada, por lo que quedó apeada del proceso de selección. La afectada recibió a los dos meses una carta para que acudiera a Alcorcón a una entrevista de trabajo de Sogalimpi, a pesar de no tener ninguna relación con esta empresa, según afirmó Pardeiro. Los responsables de la entrevista laboral no supieron explicarle cómo se habían hecho con sus datos.

La solicitante denunció a principios de año ante la APD que la empresa de limpiezas del hospital de Alcorcón tuviera sus datos personales y su dirección. La agencia abrió entonces un expediente informativo e inspeccionó los ficheros de Sogalimpi, en la parroquia viguesa de Corujo. La compañía alegó que nunca dispuso en sus archivos de los datos de María Cruz Pardeiro.

Protección de Datos recordó el pasado 9 de octubre a la compañía que tenía obligación de notificar sus ficheros personales. Para ello le daba un plazo de 15 días. El 29 de ese mes no había procedido a su inscripción.

Hasta 10 millones

El director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Manuel Fernández López, decidió el 11 de diciembre abrir un expediente sancionador por una falta leve, que implica una multa que puede ir de las 100.000 a los 10 millones de pesetas. La empresa dispone ahora de 15 días para alegar y proponer las pruebas necesarias para su defensa.

Pardeiro también denunció su caso y el proceso de selección al Defensor del Pueblo. Éste ha solicitado ahora nuevos informes al Ministerio de Sanidad, tras haber recibido una memoria de la presidencia ejecutiva del Insalud.

La denunciante se mostró "gratificada" al saber que se había abierto expediente sancionador contra la empresa de limpiezas y que el Defensor del Pueblo solicitaba más información. En su opinión, se demuestra que los organismos independientes pueden controlar las irregularidades de la Administración. Pidió además que se depuraran responsabilidades por "el atropello".

Este periódico trató ayer, sin éxito, de recabar la versión de Sogalimpi.