El Gobierno se ampara en la ley minorista para eludir el control del comercio clandestino de juguetes

El Estado desconoce la posible comercialización clandestina de juguetes en la Comunidad Valenciana. El Gobierno central se ampara en la ausencia de denuncias al respecto para negar, en una respuesta parlamentaria a Ricardo Peralta, diputado nacional de Nova Esquerra, que exista ningún tipo de tráfico comercial en el sector del juguete ajeno a los controles fiscales habituales y sujeto a la tributación correspondiente. La Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa considera, en cualquier caso, que la pregunta parlamentaria de Peralta refiere a los establecimientos que practican actividades comerciales sin disponer de la preceptiva licencia municipal de apertura o que ejercen sin haber satisfecho el correspondiente Impuesto de Actividades Económicas, casos recogidos en la ley de comercio minorista que "atribuye expresamente la potestad sancionadora a las comunidades autónomas" y cuyo control último recaería sobre los ayuntamientos afectados. El Gobierno elude así el problema de fondo, la existencia de todo un entramado de economía sumergida relacionado con el sector del juguete en la Comunidad Valenciana. Fuentes de la Generalitat han reiterado que la única fórmula adecuada para ejercer un control eficaz sobre los sectores que esquivan los controles fiscales es disfrutar de los datos que baraja la Agencia Estatal Tributaria y consideran prioritario mantener el empleo, incluso ajeno a los controles legales, antes que atajar un problema endémico en la Comunidad Valenciana. La Unión Europea ha planteado problemas en torno a la posible concesión de fondos estructurales a la Comunidad Valenciana a partir de la comparación de los volúmenes de producción oficiales con los datos relativos a las exportaciones reales desde territorio valenciano, que no escapan a las estadísticas comunitarias y que ponen de manifiesto un evidente desfase. Pero la Secretaría de Estado se aferra a las posibles anomalías en el "escalón comercial" cuya "corrección correspondería a ayuntamientos y comunidades autónomas esencialmente" y explica que tales actividades "difícilmente puden encajar en el concepto de clandestinidad".