Sólo el 2% de los jueces y fiscales siguieron cursos de catalán en 1998

Poco más del 2% de la plantilla total de jueces, fiscales y secretarios judiciales que ejercen en Cataluña iniciaron y acabaron en 1998 los cursos que organiza la Generalitat para fomentar el conocimiento de esta lengua. La cifra contribuye a explicar la consideración de lengua prácticamente testimonial que tiene el catalán en el ámbito de la justicia. Por eso no es de extrañar que sólo uno de cada cien jueces dicte de forma sistemática las sentencias en catalán y que apenas el 5% de los documentos estén redactados en esa lengua.

Que los jueces, fiscales y secretarios de Cataluña tienen un gran desconocimiento oral y sobre todo escrito de la lengua catalana es un hecho sabido, pero hasta ahora no existían cifras oficiales ni se conocía el alcance de las actuaciones de la Generalitat para cambiar esa realidad. De ahí que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) formulase hace unos meses varias preguntas a la consejera de Justicia, Núria de Gispert. Las respuestas parlamentarias han resultado más que elocuentes. Según consta en esas respuestas, sólo 22 de las 940 personas que integran la plantilla total de jueces y secretarios de Cataluña, lo que supone un 2,34 %, siguieron y acabaron en 1998 los cursos de catalán que organiza la Generalitat. En el caso de los fiscales, la cifra es similar, pues sólo cinco de ellos, de una plantilla total de 220, siguieron los cursos. En el caso de los funcionarios judiciales, fueron 871 de los 4.932 que componen la plantilla, lo que supone el 17,66 %. Cursos de 80 horas Desde hace años, el Departamento de Justicia de la Generalitat organiza cursos de catalán de tres niveles, que en todos los casos tienen una duración de 80 horas. Los cursos se inician en noviembre y acaban en el mes de junio, y para poder presentarse a los exámenes finales es necesario haber asistido al menos al 80% de las clases. Xavier Guitart, el diputado socialista que presentó las preguntas parlamentarias, calificó ayer las cifras de "preocupantes" y aseguró que "es muy difícil lograr una justicia en catalán si quienes tienen que hacerla posible no están por la labor". Por eso, censuró que el Departamento de Justicia exija a los funcionarios el uso del catalán y, en cambio, no se plantee la adopción de medidas con los jueces, fiscales y secretarios. Según Guitart, no se puede argumentar que éstos no dependen de la Generalitat, "porque tampoco dependen los bancos y los grandes almacenes, y en cambio se firman convenios para fomentar el catalán". En su opinión, la política de la Generalitat debería "apuntar hacia otro lado", y sugirió la necesidad de introducir el uso del catalán en las facultades de Derecho o fomentar la traducción de la jurisprudencia. Justicia declinó ayer referirse a la asistencia a cursos de catalán y responder a las críticas de Guitart.