El Gobierno proyecta ceder la gestión de más impuestos a las comunidades autónomas

La cesión de nuevos impuestos a las comunidades autónomas, el aumento del tramo del 30% del IRPF ya cedido y la descentralización de la Agencia Estatal Tributaria (AET) son las modificaciones que estudia introducir el Gobierno en el modelo de financiación autonómica al hilo del programa que elabora el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, con vistas a las elecciones del 13 de junio de 1999.

Ésta es también la respuesta del Gobierno, dentro del sistema, al reto del nuevo pacto fiscal lanzado por CiU, resultado, a su vez, de la insatisfacción que ha producido en Cataluña y en otras comunidades el modelo actual de financiación, de cesión del 30% del IRPF con capacidad normativa, a las autonomías. Rajoy y su equipo han empezado a elaborar el programa del PP con vistas a las elecciones autonómicas del 13 de junio. El Gobierno es consciente de que el actual modelo no satisface a algunas autonomías. Pero trata de darles una respuesta sin salirse de él. El ministro para las Administraciones Públicas insiste en que se trata de "profundizar en el actual modelo de financiación autonómica", rechazando de plano una propuesta alternativa como la lanzada por el presidente catalán, Jordi Pujol, esto es, la recaudación de los impuestos desde la propia Generalitat.La propuesta que estudia el PP mantiene los principios del actual modelo, es decir, corresponsabilidad fiscal, autonomía de ingresos y solidaridad. "Seguimos considerando válidos estos principios porque las autonomías deben responsabilizarse no sólo del gasto, sino también del ingreso", advierte el secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández.

En este sentido, el PP, aunque no lo precisará en su programa, estudia aumentar la cesión del 30% del IRPF a las comunidades. Paralelamente, planea introducir nuevos impuestos en la cesta cuya gestión se cederá a las comunidades. Con ello, al diversificarse los tributos cedidos, se diversificaría también el riesgo de la caída en la recaudación de uno solo.

Otra de las fórmulas en las que trabaja el PP será la constitución de una "agencia tributaria estatal integrada", que seguirá el modelo de participación de las autonomías establecido por la Ley de Puertos. De este modo, las comunidades pasarán del actual modelo de comisiones mixtas de escasa operatividad a otro en el que participarán de manera mucho más activa en las funciones de recaudación, liquidación e inspección fiscal dentro de su territorio. Con estas medidas el Gobierno trata de responder a la oferta de pacto fiscal de CiU.

El programa del PP eludirá el gran debate sobre un modelo cerrado o abierto que tiñó la anterior legislatura. Con la reforma de los estatutos de las llamadas comunidades de vía lenta a punto de culminar en las Cortes, el Gobierno unifica el traspaso de todos los servicios básicos a las autonomías: educación, sanidad y servicios sociales. Las diferencias entre las comunidades sólo responderán a la lengua, a la foralidad, al derecho o a la insularidad, según destaca Fernández. Paralelamente, ante un modelo autonómico tan desarrollado, el PP trata en su programa de reforzar la cooperación entre las instituciones y las propias autonomías, señala igualmente el secretario de Estado.

En esta dirección, el programa desarrollará el concepto de lealtad institucional. "No es justo desde un punto de vista institucional que la Junta de Andalucía, por ejemplo, financie con un porcentaje mayor las pensiones no contributivas respecto al resto de las comunidades y que haga lo mismo con la financiación de los medicamentos", argumenta Fernández. A su juicio, "las instituciones no deben ser utilizadas como instrumento de confrontación con el Gobierno; son los partidos los que deben protagonizar el enfrentamiento político".

La reforma del Senado completa el programa autonómico del PP. Fernández admite que está paralizada por el debate abierto por los nacionalistas sobre la reforma constitucional.