El Ayuntamiento estudia pagar seguros a los dueños que alquilen sus pisos vacíos en San Sebastián

El Ayuntamiento de San Sebastián analizará la próxima semana una propuesta por la que el municipio ofrecería seguros multirriesgo y de abono de rentas a aquellos propietarios de viviendas vacías que se comprometan a alquilarlas a través del Patronato Municipal de la Vivienda. La propuesta formulada en el informe realizado por una consultora externa persigue "mover" 2.800 pisos deshabitados e incorporarlos al mercado de alquiler. La renta de estos pisos sería equivalente a la que está vigente para pisos de protección oficial, entre 23.000 y 74.000 pesetas al mes.

El gobierno municipal lleva varios años tratando de incrementar el parque de viviendas en alquiler, pero los resultados son escasos con las excepciones de los pisos de nueva construcción promovidos por el Gobierno vasco en el barrio de Venta Berri. Los propietarios de pisos vacíos se muestran renuentes y el informe de la empresa Desarrollo Administrativo Integral (DAI) justifica esta actitud refractaria por el "efecto psicológico" de las rentas impagadas, los posibles juicios, los desahucios y, en definitiva, las casi siempre conflictivas relaciones entre arrendadores y arrendatarios. Si bien el estudio realizado por IKEI en julio de 1997 cifraba el número de pisos vacíos en el entorno de 9.000, este último informe reduce la cantidad a 2.800 viviendas. Las medidas adoptadas por el Gobierno vasco para incentivar su puesta en alquiler ha constituido un "fracaso" porque "se limitan a ayudas económicas sin proponer otras motivaciones o amparos que atinen en la base real del problema", sostienen los redactores del estudio. Así, la tendencia dominante entre los propietarios es a mantener los pisos vacíos hasta que optan finalmente por venderlos. Frente a esta situación de bloqueo, el alcalde Odón Elorza ha entregado a los grupos políticos de la oposición una propuesta en la que plantea que el Patronato Municipal de la Vivienda adquiera una función gestora y de arbitraje entre los propietarios y aquellos ciudadanos que buscan pisos en alquiler. La primera medida consistiría en que el patronato divulgara las ayudas y subvenciones, casi desconocidas por la población, que el Gobierno concede a quienes compran vivienda para alquilarla o, teniéndola ya, acceden a su arrendamiento. No obstante, el aspecto mas novedoso del plan, denominado Programa Alokabide, consiste en que el Ayuntamiento ofrezca a los propietarios un seguro que cubra el impago de rentas y otro seguro, multirriesgo a favor de los inquilinos y que respondería del "contenido y el continente hasta un límite que vendría determinado por la renta y las características de la vivienda". Las pólizas serían pagadas por el municipio. Tres compañías de seguros se ha interesado ya por intervenir en esta operación. Elorza considera que esta fórmula "ofrece un marco atractivo, seguro y a bajo coste" tanto a propietarios como a los arrendatarios. Los precios de los alquileres deberían estar comprendidos en el segmento que establece la legislación sobre vivienda de protección oficial, por lo que quedarían excluidos los alquileres más baratos, cuya demanda se atiende a través de los pisos sociales. Los precios de arrendamiento oscilarían, por tanto, entre 23.000 y un máximo de 74.000 pesetas, que es el precio más caro que se abona en los 510 pisos de alquiler de Venta Berri, que incluyen garaje y trastero. Colectivos agraciados Los beneficiarios de estos incentivos serían aquellos colectivos que, como los jóvenes o personas que no cuentan con un empleo fijo, atraviesan por circunstancias que les obligan a vivir en pisos de alquiler durante un período determinado y, sin embargo, no pueden acceder a alquileres adecuados a sus ingresos. El pago municipal de las pólizas de los seguros conseguiría, según el estudio de DAI, limitar así los riesgos que corre el propietario. En la práctica, el Patronato de la Vivienda sería una especie de "hombre bueno" que mediaría con el inquilino y que evitaría la engorrosa resolución judicial de los conflictos por impago continuado de rentas. El propietario deberá en todo caso comprometerse a mantener el importe del alquiler durante cuatro años como mínimo. "Se trata de defender los derechos de los inquilinos sin lesionar los intereses del propietario", resume el alcalde donostiarra.