Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Congreso aprueba la reincorporación de la corrupción de menores al Código Penal

IU apoyó el proyecto de ley, pero el PSOE se abstuvo por la indefinición del nuevo delito

La corrupción de menores vuelve al Código Penal. El Congreso de los Diputados dio luz verde ayer al proyecto de ley que modifica el título VIII del Código Penal relativo a delitos sexuales. El texto, que obtuvo los votos favorables del PP, CiU, PNV e IU, ha mejorado notablemente con respecto al presentado hace un año por el Gobierno, según todos los grupos, pero mantiene el delito para la corrupción de menores así como el concepto de "indemnidad" del menor. El PSOE se abstuvo por considerar que éstos vulneran, por su indefinición, el principio de legalidad. El grupo mixto votó en contra.

El proyecto del Gobierno, que reintroduce en el Código Penal el delito de la corrupción de menores, suprimido en 1995, consiguió ayer el visto bueno del pleno del Congreso de los Diputados. El texto, que será remitido al Senado, modifica el título VIII del Código Penal relativo a los delitos sexuales, y castiga la corrupción de menores con penas de prisión de 2 a 4 años y multas de 12 a 24 meses (que equivalen a entre 72.000 pesetas y 36 millones).Este punto, así como la definición del artículo primero, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, acapararon las críticas de la oposición la mayor parte del debate. En opinión del PSOE y del Grupo Mixto, tanto la corrupción de menores como la indemnidad carecen de definición jurídica, son confusos e introducen conceptos morales en el Código Penal. "El concepto de indemnidad [estado o situación del que está libre de daño o perjuicio] nos parece ajeno a nuestro código, ajeno a los propios menores y ajeno a la libertad, y, como lo que se debe proteger es la libertad, nos oponemos", afirmó Cristina Almeida, que intervino en primer lugar como portavoz del Grupo Mixto.

No obstante, todos los portavoces señalaron que el texto que llegó ayer al pleno difiere del presentado en octubre de 1997 por el Gobierno. El proyecto consiguió, merced a los cambios introducidos durante su debate en comisión, el apoyo de Izquierda Unida (IU).

Ésta fue la sorpresa de la jornada, ya que desde que se inició la tramitación parlamentaria los grupos de izquierda habían manifestado su total rechazo a reintroducir en el Código Penal el concepto de corrupción de menores. Mantuvo el rechazo el Grupo Mixto, pero también modificó su posición inicial el PSOE, que del rechazo pasó a la abstención. Votaron a favor, además de IU, el PP y sus socios parlamentarios, PNV y CiU. "Se ha esfumado en especial la brillante idea de penalizar cualquier tipo de relación sexual, beso incluido, entre menores de 15 años y mayores de 18, lo que sin duda hubiera supuesto un notable rejuvenecimiento de la población penitenciaria española", afirmó Carmen del Campo, portavoz del PSOE, con respecto a los cambios sufridos por el texto.

Definiciones vagas

Tanto para el PSOE como para Coalición Canaria, el proyecto de ley que penaliza el tráfico de personas con fines de explotación sexual, la venta y difusión de pornografía en la que aparecen niños, el turismo sexual con menores y el incremento de las penas hasta los cuatro años para los inductores de la prostitución infantil adolece de definiciones vagas que introducen en el Código Penal inseguridad jurídica.

Los portavoces de esos dos grupos señalaron entre las definiciones vagas "el acoso sexual entre iguales". Hay, además, a su juicio, tipificación incorrectas de muchas conductas. "Creemos que añadir el nuevo concepto de indemnidad como objeto de protección sexual no aporta nada más que un sospechoso tufillo moral y un intento de hacer intocables a los menores, de encerrarlos en una urna y de impedirles el libre desarrollo de su personalidad. Además, se retipifica la conducta de corrupción de menores. La oposición de mi grupo es radical. Esa medida supone simplemente una confusión entre derecho y moral", concluyó Carmen del Campo.

"Hacer el ridículo"

Paradójicamente, aunque IU votó a favor, la intervención de su portavoz, Pablo Castellanos, fue la más crítica con el texto. Castellanos argumentó el apoyo de su grupo en que IU "está en contra de la violencia y el abuso sexual contra los menores", pero lamentó que "la actitud intransigente" del PP haya impedido la "corrección de cosas accesorias"."Estoy convencido de que, cuando llegue la doctrina a examinar esta reforma dirá que la Cámara ha tenido una buena ocasión de evitar el ridículo, pero no ha sabido encontrar el mecanismo de escapar a la misma".

"Estamos en contra del término corrupción de menores porque es absolutamente impropio, pertenece a la terminología o a la fraseología que nace del mundo de la moral. No sé si con ello darán ustedes satisfacción a la Conferencia Episcopal, pero evidentemente no debe pertenecer al mundo del Código penal", continuó Castellanos.

El portavoz de IU criticó también los artículos 185 y 186, relativos al exhibicionismo y provocación sexual. Éstos castigan con prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses al que, "por cualquier medio directo, venda, difunda o exhiba material pornográfico entre menores. Esa misma pena se contempla para el que ejecute actos de exhibición obscena ante menores.

"Sobran por completo. Hay una especie de tutelaje contradictorio. Asómense a las últimas páginas de anuncios por palabras de los periódicos y verán que todo ello es pura pornografía. Por lo tanto, no hagamos el ridículo, no confundamos la pornografía con un elemental erotismo que forma parte del desarrollo humano", continuó Castellanos.

La portavoz del PP, la diputada Barrios Curbelo, rechazó las acusaciones. "Cuando estamos hablando de corrupción nos referimos a incorporar al menor en una actividad envilecedora y degradante. El PP considera que la regulación de la corrupción de menores no es un concepto moral, sino un delito, según se recoge en diversas sentencias del Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de diciembre de 1998