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Tribuna
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Ciudadanía

Enrique Gil Calvo

La feliz coincidencia del 50º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos con la decisión británica de acceder a la solicitud de extradición reclamada por la Audiencia Nacional española contra el ex dictador Pinochet ha elevado al primer plano del debate político una dimensión hasta ahora quizá desatendida o menospreciada, pues se la tenía por mera muestra de sensiblería idealista, como es la prioritaria exigencia del más escrupuloso respeto por los derechos ciudadanos: auténtico grado cero del civismo democrático.En estos mismos días, precisamente, acaba de traducirse, por fin, entre nosotros, cuando están a punto de cumplirse los 50 años de su redacción original, el célebre texto de T.H. Marshall Ciudadanía y clase social (ahora publicado por Alianza con un comentario de Tom Bottomore), donde se caracteriza la emergencia histórica de la moderna democracia como el progresivo reconocimiento de tres clases sucesivas de derechos ciudadanos: primero, los derechos civiles, reconocidos a finales del sigloXVIII; después, los derechos políticos, conquistados a lo largo del sigloXIX, y, por último, los derechos sociales, universalizados a mediados del siglo XX. Pero esta sucesión cronológica de las tres clases de derechos también implica una jerarquía lógica por orden de prioridades, pues sin el reconocimiento de los primeros no resulta posible ejercer los demás. Así, la protección de los primitivos derechos civiles (a la vida, la libertad, etcétera) constituye el núcleo duro de la democracia: su condición de posibilidad a priori, sin cuyo respeto efectivo no es posible admitir ningún otro derecho político ni social.

Pues bien, este grado cero de la ciudadanía parece desconocerse en España, cuya infortunada historia política determina un grave déficit de civismo, dadas las evidentes carencias de nuestra inmadura cultura democrática. Esto explica que, tras el fin de la dictadura, nuestra transición se pactase al precio de asumir la injusta impunidad de los crímenes franquistas. Y que, al consolidarse la democracia después, bajo Gobiernos centristas y socialistas, se tolerasen inadmisibles atentados contra los derechos humanos, cuya última expresión fueron los GAL. Tanto es así que todavía existen voces (como las que peregrinan a Guadalajara en triste celebración del 50º aniversario de los Derechos Humanos) que niegan o disculpan aquellos crímenes, justificándolos por el contexto histórico en que se produjeron. Y aún queda quien lamenta, en nombre de un dudoso pragmatismo mal entendido, que la Audiencia Nacional deba juzgar al dictador Pinochet.

Sin embargo, nuestra peor muestra de inmadurez ciudadana es, sin duda, la del extremado sectarismo con que se reivindican los propios derechos políticos despreciando los derechos civiles ajenos. Así sucede, por ejemplo, con tantas reclamaciones sindicales que no dudan en lesionar los derechos de los demás con tal de forzar la imposición coactiva de sus presuntos derechos adquiridos. Pero donde se alcanza la apoteosis del desprecio a los derechos ajenos es en las reivindicaciones nacionalistas, que siempre se exigen en términos excluyentes (lo que ya es de por sí una forma de discriminar a los excluidos) y, además, vulnerando explícitamente los derechos civiles de otros ciudadanos ajenos. Y la más extrema reducción al absurdo es el caso vasco, donde no sólo se ha asesinado a 800personas para defender presuntos derechos políticos, sino que después, cuando se desiste de seguir matando, sin embargo se persiste en no reconocer, reparar ni resarcir los flagrantes crímenes cometidos contra los derechos humanos.

Frente a tan incivil absurdo sólo cabe una postura, y es la de condicionar el reconocimiento de cualquier derecho al previo respeto a los derechos humanos. Así, ningún condenado por crímenes políticos (sean de ETA o los GAL) debe tener derecho al indulto si previamente no ha reconocido en público (aunque no se arrepienta de ello, como le exigiría ese cristianismo que dice representar Setién) su plena responsabilidad personal en atentados contra los derechos humanos.

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