Calpe se divide entre los partidarios de proteger los Baños de la Reina y los que quieren urbanizar
Las ruinas del Calpe que construyeron los romanos en el siglo V después de Cristo se enfrentan al Calpe residencial que sueñan los constructores a finales del XX. Los restos arqueológicos de Los Baños de la Reina, en primera línea de playa, paralizan desde hace más de 10 años el desarrollo urbanístico de la zona. Mientras la Generalitat, el Ayuntamiento y los dueños del suelo estudian el modo de combinar la preservación de los vestigios con la construcción de dos bloques de apartamentos, el PSPV, en la oposición, recoge firmas para preservar la zona en su estado actual.
El primer plan urbanístico que afectaba a la zona se redactó en 1976, y no especificaba ningún tipo de protección para el yacimiento. No llegó a desarrollarse y, ante la desidia municipal, la Consejería de Obras Públicas redactó un nuevo proyecto en 1989. Esta vez se incluía una resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural que declaraba de especial protección la zona arqueológica y desplazaba los solares edificables 40 metros atrás respecto a la línea del paseo marítimo. Las modificaciones al planeamiento inicial permitían combinar la construcción de los edificios con la conservación de los restos romanos, pero causaban un perjuicio a los constructores por la devaluación que sufrirían sus apartamentos, al estar más alejados de la playa. Además, al ser consideradas las excavaciones arqueológicas como zona verde, esta franja tuvo que ser cedida obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento. Se ofreció a Morelló, SL, mercantil dueña del suelo, una serie de contraprestaciones para compensar los perjuicios. Pero este nuevo plan tampoco se desarrolló, ya que en el periodo de alegaciones, en octubre de 1997, Patrimonio emitió un informe en el que la directora general, Carmen Pérez, señalaba que los solares que debían ser protegidos no eran los más cercanos al paseo marítimo, sino aquellos sobre los que se planeaba edificar. Allí se encontraba el cuerpo central de una domus que, "por su complejidad arquitectónica y la riqueza de sus acabados" constituye el yacimiento no urbano de la época romana más importante de la Comunidad, detalla el informe. Las alegaciones desembocaron en la redacción de un tercer plan y en un convenio entre Generalitat, Ayuntamiento (en manos del PP) y propietarios que compromete a todos a buscar una salida consensuada. Con este nuevo planeamiento hay dos claros beneficiados: la domus, que incluye un mosaico y dos norias hidráulicas que recogían agua de mar para elaborar sal, y los constructores, que vuelven a primera línea de playa. Mientras, los socialistas llevan recogidas 3.000 firmas en una campaña promovida para preservar íntegramente los restos, incluidos los de primera línea de mar. El PSPV propone que los terrenos sean adquiridos por la Generalitat y el Ayuntamiento o se permuten por otros sin calificación de zona arqueológica.
La "varita" de Carmen Pérez
A la directora general de Patrimonio, Carmen Pérez, le ha correspondido el papel de prestidigitadora, encargada de disimular con un golpe de varita los deslices que cometen los técnicos de su propia consejería. En los Baños de la Reina los técnicos, en 1989, declaraban como zona arqueológica protegida el pedazo de tierra más jugoso de unos solares a pie de playa. En 1997, Pérez daba la vuelta a la tortilla para aseverar que no, que sus chicos se habían equivocado, y que la zona que había que proteger era la que quedaba precisamente más alejada del paseo marítimo. En este caso podría argüirse que el primer informe es anterior a la etapa del PP, pero son al menos dos las ocasiones en las que Pérez ha tenido que tirar de varita para poner del revés informes de su departamento. Cuando los opositores al Palacio de Congresos de Alicante en el Benacantil esgrimieron un informe de Patrimonio que dice que el edificio se da de tortas con el castillo de Santa Bárbara, Pérez hizo público otro dictamen que contradecía el anterior. Lo mismo sucedió con la plaza de Quijano de Alicante, remodelada sin permiso de Patrimonio. Tras una denuncia, Pérez exigió documentación al Ayuntamiento, que hizo caso omiso. Meses después, Pérez, varita en ristre, emitió un documento favorable a las obras. Todo en orden.
