Las ayudas a las eléctricas dañan a los servicios públicos y al resto de empresas, según la CNSE

Madrid - 12 dic 1998 - 00:00CET

Las eléctricas ganan, el conjunto de la economía pierde. La propuesta del Gobierno para autorizar a las compañías eléctricas a cobrar por adelantado 1,3 billones de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) dañará la competitividad de la mayoría de las empresas españolas, según el informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) sobre la enmienda a la ley de acompañamiento a los Presupuestos presentada por el PP en la que se recogen esas compensaciones. La CNSE señala que la iniciativa, fruto de un pacto entre Industria y eléctricas, perjudica expresamente a 37 sectores industriales, 17 de servicios, a casi todo el sector primario y a los servicios públicos.

El informe (de seis documentos y un apéndice) del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, un órgano independiente en el que están representados todo el sector, las 17 comunidades autónomas y otros agentes sociales, analiza la enmienda al proyecto de ley de Acompañamiento que se discutirá el próximo lunes en el Senado y que contempla la posibilidad de que cinco empresas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Elcogas) cobren por adelantado 1,37 billones como compensación por la apertura del sector a la competencia. De ellos, 1,08 se trocearían y colocarían en el mercado en forma de títulos (titulización). Los bancos adelantarían a las eléctricas esa cantidad a cambio de recibir el 4,5% de la tarifa eléctrica anual hasta recuperar lo adelantado.La CNSE es contundente en su análisis de la enmienda, que se basó -aunque rebaja la cantidad en unos 100.000 millones- en el informe de la consultora Clifford Chance elaborado por encargo de las eléctricas y que fue asumido por Industria e, incluso, repite párrafos textuales. El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez considera "irregular el procedimiento seguido" para fijar las ayudas y advierte de que supone un perjuicio para los consumidores y otros agentes del mercado y una "hipoteca" para próximos Gobiernos, "pues no podrán modificar esta decisión en absoluto debido al cobro adelantado de las ayudas". Añade que la enmienda puede tener "problemas serios ante las autoridades de la Comisión Europea [que no se pronunciará antes de marzo de 1999]".

La Comisión afirma que no tiene nada que decir en cuanto al por qué se intenta modificar la Ley 54/97 sobre el sistema de pago por costes de transición a la competencia mediante la enmienda analizada "pues lo desconocemos", pero llama la atención sobre los efectos que tendría sobre la economía nacional y los ciudadanos.

Minoría privilegiada

El informe afirma que "no cabe ninguna duda de que las empresas de Unesa [Endesa, Iberdrola, Fenosa e Hidrocantábrico] y Elcogas se verán muy beneficiadas", ya que recibirán un pago adicional que no tiene "ninguna justificación". Y subraya que "los principales perjudicados por estas medidas son una mayoría de las empresas españolas".Según la CNSE, es discutible que "la mayoría de las empresas españolas consumidoras de energía" tengan que pagar para que las eléctricas puedan recuperar las inversiones que han hecho en el pasado de acuerdo con la ley que ahora se intenta modificar, pero "lo que no queda en absoluto justificado es que, además, tengan que hacer pagos adicionales, puesto que serían puras transferencias de recursos de unas empresas -las que actúan en competencia- a otras -las empresas de Unesa-".

La Comisión ofrece una lista de empresas que "tendrán que transferir en los próximos 15 años una gran parte de los 1,3 billones de pesetas a los monopolios eléctricos". La lista está compuesta por empresas de 36 sectores industriales (aluminio, siderurgia, transformación de metal, cementero, petroquímico, química, papel, automoción, material ferroviario, vidrio, componentes de automoción, plásticos, equipos informáticos y telecomunicaciones, etcétera), 17 actividades de servicios (ferrocarril, aeropuertos, puertos, autopistas, operadoras de telecomunicaciones, finanzas, hostelería, reparación de automóviles...), prácticamente todos los subsectores del sector primario (minería, explotación agrícola y auxiliares de la pesca) y a los servicios públicos (colegios, universidades, polícía, hospitales...).

"Todas estas empresas tendrán que pagar, al menos, en los próximos 15 años la electricidad un 4,5% más cara que lo que debería valer", insiste la CNSE y advierte de que aunque esa cantidad puede parecer baja y no moverá a los consumidores empresariales a manifestar su abierto rechazo a la iniciativa del Gobierno, "ese 4,5% durante 15 años supone 1,3 billones y ello significa menor competitividad para las empresas españolas". Respecto a algunos grandes consumidores, con capacidad para negociar bilateralmente los precios con las distribuidoras de energía, la CNSE explica que, aunque no se han pronunciado, "pudieran no ver desfavorablemente que se beneficie a las empresas de Unesa", ya que si sus proveedores llegan a recibir 1,3 billones, no tendrán necesidad de elevar los precios. La Comisión explica que ha colocado a las empresas en el primer grupo de los perjudicados por la iniciativa gubernamental porque los particulares (19 millones) sólo consumen el 25% de la energía, en tanto que el consumo del sector empresarial representa el 75%. Sin embargo, "si se aprueba la enmienda, en los próximos años la titulización obligará a que el precio que paguen los consumidores sea superior al que deberían pagar". La CNSE afirma que frente al argumento de que "la titulización de los CTC proporcionará rebajas en el recibo de la luz", lo que ocurrirá será lo contrario, es decir, una subida generalizada de tarifas.

Monopolios eléctricos

Añade que también resultarán perjudicados los pequeños distribuidores de electricidad, los transportistas que no son parte de un grupo con empresas generadoras, como Red Eléctrica y, en general, "los competidores de los monopolios eléctricos".La enmienda fue criticada ayer por José Borrell, quien considera "inaceptable" que el Senado apruebe un "regalo" que pagarán los ciudadanos. El ministro de Industria , Josep Piqué, aseguró que el Gobierno sólo trata de "liberalizar aún más rápido de lo que se está haciendo el sector eléctrico". Para Unesa, que ejerce como patronal, las ayudas son sólo el pago por un cambio acelerado en la legislación que perjudica sus inversiones históricas.