El PSE se plantea retirar su enmienda al IRPF sobre plusvalías al no salir adelante en Álava y Guipúzcoa

El PSE está considerando la retirada de la enmienda al IRPF que logró sacar adelante en Vizcaya sobre el trato fiscal a las plusvalías de las rentas de capital, ante la imposibilidad de que prospere en las Juntas Generales de Álava y Guipúzcoa. En Álava ha sido rechazada con el respaldo ofrecido al PNV por el PP, que se abstuvo en Vizcaya. En Guipúzcoa también hay un "principio de acuerdo" entre nacionalistas y populares, por lo que la enmienda ni siquiera llegaría al pleno de las Juntas. En cualquier caso sería rechazada, ya que la ausencia del juntero de HB Xabier Alegria, encarcelado, rompe el empate.

La decisión del PP de rechazar la enmienda socialista en las Juntas de Álava y el presumible acuerdo que va a alcanzar el próximo lunes con el PNV en Guipúzcoa pone en un cierto atolladero al PSE, que no quiere contribuir a que se produzca "la desarmonización fiscal" del País Vasco, según indicó ayer un dirigente socialista guipuzcoano y posteriormente confirmaron fuentes del grupo juntero del PSE en Vizcaya. Así las cosas, empieza a coger fuerza la hipótesis de retirar la enmienda, que en el caso de prosperar en Vizcaya crearía un marco fiscal netamente desfavorable respecto al resto del País Vasco y de España, donde regirá un gravamen único del 20% para las plusvalías de las rentas de capital (por venta de acciones y rescate de fondos de inversión) y no el tipo medio de cada contribuyente, como plantea la enmienda. El diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe (PNV), se reunió ayer con dirigentes del PP en las Juntas, quienes señalaron que se había producido "un principio de acuerdo" que desembocará en el voto contrario de los populares a la enmienda socialista. Los votos del PNV, EA y PP son suficientes para que la propuesta del PSE sea rechazada en la Comisión de Hacienda de las Juntas, sin necesidad de aguardar al pleno. El cambio de actitud del PP, cuya posición abstencionista hacía factible el éxito de la enmienda socialista, se produce porque "hasta ahora, el PNV no había querido negociar la norma del IRPF". "De hecho, ofrecía cambios en el proyecto de presupuestos si les respaldábamos en la reforma fiscal, pero éso era mezclar churras con merinas. Ahora parece que los peneuvistas están dispuestos a negociar algunas cuestiones, como el tratamiento de los separados o de la vivienda", señaló ayer un representante del PP guipuzcoano. Voluntad real de negociar El próximo lunes se celebrará una reunión en la que los populares esperan que se confirme la "voluntad realmente negociadora" del diputado general Román Sudupe. En tal caso se convocará la Comisión de Hacienda, donde quedará rechazada la enmienda del PSE, y el pleno en el que se aprobará la norma foral del IRPF. El voto global de los socialistas será a favor, porque "una cosa es la discrepancia respecto a la cuestión de la enmienda y otra muy diferente el papel protagonista que los socialistas hemos tenido en la elaboración de la reforma del IRPF, que es muy perceptible", indicó un portavoz. En todo caso, el PSE no cree que el debate de la enmienda pueda crispar las relaciones en el gobierno tripartito, "puesto que desde un principio se acordó con el PNV la licitud de mantener discrepancias entre los socios. Está en las reglas de juego que establecimos". La comisión de Hacienda no ha sido convocada aún en Guipúzcoa, pero se celebrará previsiblemente la próxima semana, después de que el PNV amarre su acuerdo con el PP. La enmienda del PSE aprobada la pasada semana en comisión de las Juntas de Vizcaya con el apoyo de HB, IU, e ICV provocó un auténtico revuelo en medios políticos y financieros porque significaba suprimir los privilegios fiscales de este tipo de rentas, que no tributan como las del trabajo, sino a un tipo fijo del 20% independientemente de cuáles sean los ingresos de su propietario. El PSE argumenta que su propuesta sólo penaliza a los especuladores y está dispuesto a negociar que su tributación sea progresiva, planteamiento que es rechazado por los nacionalistas. El Centro Industrial y Mercantil de Vizcaya (CIMV) que agrupa al sector patronal, ha advertido que cambiar el tipo fijo situaría a las empresas en desventaja competitiva respecto a las de España y la Unión Europea.