CiU propone que la ONU adapte el derecho de autodeterminación a entidades subestatales

Convergència i Unió (CiU) propugna una "relectura" del derecho de autodeterminación para sacarlo de los límites a que lo constriñe la referencia a la descolonización. En una sesión del Parlament dedicada a conmemorar el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el diputado convergente Jaume Camps reclamó ayer que la ONU "respete y fomente" la autodeterminación, concebida como "proceso democrático", incluso en el caso de las entidades subestatales e interestatales de Europa. Josep Lluís Carod, de Esquerra Republicana (ERC), aprovechó la ocasión para reclamar la creación de una comisión de la verdad sobre el franquismo y que el Gobierno democrático pida perdón por los daños provocados por la dictadura, como se hizo en Francia y Alemania tras el nazismo.

El aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos mostró ayer las profundas diferencias entre los partidos catalanes. Los nacionalistas de CiU, ERC y el Partit per la Independència (PI) la derivaron hacia la reivindicación de la autodeterminación de los pueblos reconocida en los Pactos de Derechos Civiles y Políticos de 1966. En cambio, los diputados que hablaron en representación de los demás grupos parlamentarios se ciñeron más estrictamente al enorme avance social y político que en su momento supuso la declaración y subrayaron las enormes distancias existentes todavía entre el ideal proclamado y la realidad. El socialista Higini Clotas puso el acento en el valor de la igualdad, que considera el punto de partida para todos los demás derechos. Definió la declaración como "código moral común y universal", pero llamó la atención hacia las dificultades que aún subsisten para convertirlo en normas de derecho. Rafael Ribó, de Iniciativa-Verds, destacó que en Cataluña hay 200.000 personas que no tienen reconocidos derechos políticos por su condición de inmigrantes. Insistió en que la sociedad catalana tiene pendientes de solución agudos problemas de derecho al trabajo y de explotación, de vivienda y de medio ambiente, y fuertes desequilibrios por razón de sexo, clase social y discapacitación, entre otros. El conservador Josep Curto subrayó que los derechos humanos son el primer paso hacia la dignidad y a título de ejemplo citó que en un solo año se han presentado en España 8.000 denuncias por malos tratos a mujeres y menores. El convergente Jaume Camps destinó el grueso de su parlamento a pedir una "relectura catalanista" del derecho de autodeterminación. Dijo que el concepto clásico de este derecho es "prisionero" del principio de integridad territorial de los Estados y reconoció que la ONU lo limita a los supuestos de dominación colonial, ocupación militar o regímenes autoritarios, que son, admitió, "difícilmente aplicables a Cataluña". Por eso sostuvo que la autodeterminación debe entenderse también como "un proceso de elección continuo hacia la consecución de la seguridad humana y la satisfacción de las necesidades de los pueblos". Este proceso debe ser democrático, puede incluir referendos, dijo Camps, y necesita la protección de la ONU. Asimismo pidió la creación de un "foro permanente de pueblos" con funciones consultivas para la ONU y coordinado con su asamblea general. El presidente Jordi Pujol cerró el turno de intervenciones de la solemne sesión para glosar también el carácter de código moral de la declaración. Destacó que ésta se refiere sobre todo a derechos individuales y citó de entre ellos los relativos a escoger la educación de los hijos, a tener una nacionalidad y al respeto de la intimidad, la fama y la reputación. De estos últimos dijo que son a menudo despreciados por los políticos y los medios de comunicación. Todos los oradores se refirieron a que la detención y el procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet son un avance en la aplicación de los derechos humanos y alimentan la esperanza acerca de la creación de un tribunal penal internacional para los crímenes contra la humanidad. En nombre del Grupo Mixto intervinieron el independentista Àngel Colom, la ecologista Maria Olivares y el comunista Fidel Lora.