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DIFÍCIL ENCONTRAR una conmemoración más ajustada del cincuentenario de la Declaración de los Derechos Humanos que la resolución del ministro del Interior británico de dar vía libre ante los tribunales de su país a la petición española de extradición de Augusto Pinochet. Desde el 16 de octubre, en que el dictador chileno fuera detenido en Londres en virtud de una orden de arresto dictada por el juez Garzón, el caso Pinochet no sólo ha levantado pasiones internacionales y disparado una controversia tan amplia como sus implicaciones, sino que ha adquirido un rumbo y una velocidad que pocos se habrían atrevido a vaticinar. Londres y Madrid han superado presiones poderosas para que dieran carpetazo por cualquier procedimiento a un tema vidrioso, de los que sientan precedente histórico.La decisión de los lores el 23 de noviembre rechazando la inmunidad soberana del dictador, además de mostrar en ejercicio a una justicia transparente, ha supuesto una victoria de los derechos humanos todavía difícil de calibrar. La del ministro Straw ayer, que en el desempeño de su exclusiva competencia podría haber devuelto a Pinochet a Chile argumentando motivos humanitarios o de interés público, avanza en la misma dirección, aunque no signifique su extradición automática.

El dictador comparecerá mañana ante un tribunal para el comienzo de un procedimiento previsiblemente largo. Si después de escuchar los argumentos de las partes los jueces británicos se pronuncian por la extradición, el ministro del Interior todavía tendrá que adoptar formalmente la decisión de entregar a Pinochet a la justicia española, la primera que lo ha reclamado por tortura, asesinato y desaparición de personas durante el sanguinario régimen que encabezó. Culminaría así el sumario abierto por Garzón, que durante años ha acumulado evidencias que le permitan sustentar el auto de procesamiento que notificará hoy al fiscal, abogados de las acusaciones y tribunales londinenses.

Casi todo está por hacer en el castigo de las violaciones de los derechos humanos. Pero el caso Pinochet está haciendo probablemente más por el evanescente derecho internacional alumbrado en Núremberg y Tokio que décadas de convenciones casi nunca respetadas por los Gobiernos signatarios. La idea de una jurisdicción universal para los más graves crímenes contra la humanidad se abre paso imparable con el apoyo explícito del secretario general de la ONU, Kofi Annan. Y con ella, la esperanza de que los responsables últimos comparezcan ante la justicia. De momento, hay motivos para celebrar esta especie de abolición de lo imposible: lo más inesperado es lo que viene aconteciendo en cada fase de este asunto.