Londres pone a Pinochet rumbo a España

El ministro británico de Interior, Jack Straw, resolvió ayer autorizar, en una decisión dictada por sus "obligaciones legales", el procedimiento de extradición del general Augusto Pinochet a solicitud del Gobierno español, que tramitó la iniciativa del juez Baltasar Garzón hace casi un mes dentro del sumario de los crímenes que se produjeron tras el golpe militar de 1973 en Chile. De los tres delitos de la petición española, el ministro ha admitido los de tortura y terrorismo, pero no el de genocidio, de acuerdo con la legislación británica. Pinochet, según la resolución, deberá comparecer mañana, a las dos de la tarde de Londres (las tres hora peninsular española), ante un magistrado que se encargará de tramitar el complejo y largo procedimiento de extradición. La decisión de Straw puede ser objeto de una petición de revisión judicial, que no recurso, ante el Alto Tribunal de Justicia, que no paraliza las actuaciones.

Straw aprovechó la sesión de preguntas escritas en la Cámara de los Comunes de ayer para dar a conocer su resolución. "He firmado una autoridad para proceder respecto al senador Pinochet hoy". En ese mismo momento, el Home Office enviaba a las partes del procedimiento un texto de cinco folios, en las que exponía "las razones" de su decisión aún cuando, aclaró, que "el secretario de Estado [ministro] no tiene obligación de ofrecer sus motivos para adoptar la decisión de firmar dicha autorización para proceder". En atención a la importancia del caso y a la expectación internacional, Straw ofrece en la carta una larga y matizada explicación de su posición, adoptada según explica en función de sus "obligaciones legales". Toda la redacción y las informaciones recogidas en Londres indican que, con independencia de que haya podido comunicar, de manera informal, al primer ministro Tony Blair su resolución, Straw no la sometió a un debate colectivo o bilateral con los restantes ministros del Gabinete.Straw relata en la carta que ha recibido alegaciones de todas las partes aun cuando tampoco era obligatorio, algo que, de hecho, forzó la petición de un aplazamiento de su decisión, siempre dentro de los 40 días que fija el Convenio Europeo de Extradición desde el momento en que la parte requirente, en este caso España, solicita que se le entregue un ciudadano acusado de presuntos delitos que son punibles en ambos países. En la carta se mencionan, aparte de la petición española, recibida el pasado 11 de noviembre, las solicitudes de Francia y de Suiza. Según Straw, la petición del Gobierno suizo llegó a Londres el mismo 11 de noviembre, fecha en que se recibió la de España, pero algo más tarde, mientras que la de Francia llegó el 13 de noviembre de 1998.

Obligación de extraditar

Según Straw, siempre subrayando el carácter cuasi judicial de su decisión, si hubiera creído que no había legalmente base para entregar a Pinochet a España "en ese caso no habría autorizado iniciar el procedimiento de extradición". Dice Straw: "Si estas condiciones no hubiesen existido, tenía la discreción de decidir si cabía o no la autorización para iniciar el procedimiento". Por ello, señala que el "Reino Unido tiene la obligación de extraditar a Pinochet en aplicación del Convenio Europeo de Extradición". Esta es una consideración a la que el ministro otorga un peso particular.La autorización para proceder al juicio de extradición se basa en el hecho de que Pinochet "es acusado en España por delitos equivalentes a los que en el Reino Unido son los de intento de asesinato, conspiración para asesinar, tortura, conspiración para torturar, secuestro de rehenes y conspiración para secuestrar rehenes". En relación con el delito de genocidio, la resolución señala que la petición española "no reúne los requisitos de la definición de un delito de extradición", por lo que no ha decidido autorizar el procedimiento por dicho delito. Según la ley británica (Genocide Act), el delito de genocidio sólo se concibe en el territorio del Reino Unido y no puede ser perseguido bajo el concepto de extraterritorialidad.

Una vez establecida la luz verde, la resolución pasa a rechazar todas las alegaciones realizadas contra la apertura del proceso de extradición. En una de ellas, el general Pinochet cuestionaba la legalidad de la decisión de los jueces lores, del pasado 25 de noviembre, en la que anularon la inmunidad del dictador. Según la defensa de Pinochet, la relación entre lord Leonard Hoffmann, uno de los tres lores jueces que votó contra la inmunidad, y Amnisty International Charity Ltd., una organización para reunir fondos, no es admisible. "No he aceptado una alegación de parte del senador Pinochet en el sentido de que la resolución de los jueces de la Cámara de los lores por existir un presunto prejuicio de parte de uno de los lores". Y por si no queda claro, Straw remacha: "Ni me parece que el senador Pinochet tiene derecho a la inmunidad diplomática o protección como jefe de una misión especial". En otros términos, se rechaza aquí que el Gobierno británico invitase como personalidad a Pinochet para detenerle a traición, una versión que los conservadores siguen ventilando.

Tres cuestiones cruciales

Finalmente Straw se pronuncia sobre tres cuestiones cruciales planteadas por el Gobierno de Chile y por la defensa del general Pinochet. La primera se refiere a la "compasión" o las "razones humanitarias". Según la resolución, Straw ha considerado este punto "cuidadosamente" y ha concluido que "no parece que el senador Pinochet no esté en condiciones de afrontar un juicio y que, según todas las circunstancias, no sería injusto u opresivo para él de someterse a juicio en relación a los delitos de los que es acusado". Y aquí, en este punto, Straw deja una puerta abierta para la fase final del procedimiento, caso de que la decisión judicial sea extraditar a Pinochet, ya que el asunto volverá a su mesa para adoptar la resolución política final. "Tengo en mente también que este punto, entre otros, puede ser reexaminado a la luz de los acontecimientos, en la fase en que tenga que ejercitar mi discreción final, al final del proceso de extradición".La segunda cuestión es la posibilidad de juzgar a Pinochet en Chile. "El Gobierno chileno ha argumentado que el senador Pinochet debe regresar a Chile donde podría someterse a juicio. Sin embargo, no existe ninguna petición de extradición del Gobierno chileno, que yo podría considerar, según las povisiones legales. Más aún, no existe en la ley internacional nada que excluya la jurisdicción de España en este asunto".

La tercera es que el ministro "no cree que haya bases sólidas para concluir que la petición [española] haya sido hecha por razones distintas a las de buena fe y en interés de la justicia".

La decisión de Straw abre ahora el camino al primer acto formal del procedimiento de extradición, que tendrá lugar mañana viernes a las dos de la tarde. Augusto Pinochet deberá acudir en persona a un tribunal de máxima seguridad a una hora de Londres, el tribunal de Belmarsh.