La derecha chilena se traslada a las calles de Londres para pedir la libertad de su general

Admiradores y enemigos del ex dictador chileno Augusto Pinochet se cruzaron ayer brevemente y sin intercambiar miradas por las calles de Londres camino del número 10 de Downing Street, donde entregaron sendas cartas dirigidas al primer ministro laborista, Tony Blair, para que intervenga en el proceso legal que, según el veredicto del tribunal de cinco lores, debería desembocar este viernes en la decisión de extraditar al general a España. Las manifestaciones con propósitos contrarios coincidieron con los intentos de impedir que Pinochet comparezca ante el juez Baltasar Garzón.

Por una parte, la derecha británica intensificó su campaña para que el general sea liberado del arresto y confinamiento en una mansión campestre de Surrey y se le permita volver a Chile, donde podría ser enjuiciado, pero sólo bajo los términos legales que él mismo creó con reformas constitucionales que le garantizan el perdón. Por otra, la presión sobre Blair para que su Gobierno, compuesto en gran parte por exponentes de las causas izquierdistas de ayer, se atenga a la decisión de la justicia británica emitida por el tribunal de cinco lores que desconoció el reclamo a la inmunidad diplomática que los abogados de Pinochet invocan con tesón a fin de impedir el enjuiciamiento de su cliente en España.Lord Lamont, otrora máxima autoridad judicial del Reino Unido y presidente de la Cámara alta durante el Gobierno conservador de John Major, le escribió anoche una carta a su sucesor bajo el Gobierno laborista elegido hace 19 meses, lord Irvine. Su intención fue clara: aprovechar el argumento de que lord Hoffman, cuyo veredicto fue decisivo para impedir que Pinochet se salve de la posibilidad de ser extraditado por las conexiones de éste y su mujer con la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

"Es inaceptable que un juez participe en la resolución de un caso cuando él está conectado con una organización que está desempeñando un papel prominente y activo en el caso", dice la carta, citada anoche por la agencia Press Association. "Ningún juez debería colocarse en una situación en la que deba emitir juicio sobre materias en las que de alguna manera, por más mínima que fuera, se haya visto involucrado él mismo", añade el texto. Lord Lamont, prudentemente, no utilizó en ningún momento la palabra prevaricación, pero queda claro que su argumento iba por ese camino.

Ayer, AI se limitó a emitir un comunicado de dos párrafos para repeler las sugerencias de que los vínculos de lord Leonard Hoffman con la organización y el hecho de que su mujer, Gillian, trabaje para Amnistía Internacional han tenido un efecto determinante en el dictamen contra Pinochet. El comunicado admitió sin ambages que los vínculos con fines "caritativos" de tanto Hoffman como lord Bingham con AI datan de hace tiempo y jamás fueron un secreto. "Lord Hoffman nunca ha estado involucrado en el trabajo de la secretaría general. El hecho de que [estos datos] ahora estén siendo mentados por los partidarios de Pinochet refleja un intento de desviar la atención del tema principal, que constituye la necesidad de procedimientos legales para la extradición bajo acusación de tortura y crímenes contra la humanidad sin interferencia del poder ejecutivo en el terreno político", dice el comunicado de AI.

Anoche, las tácticas adoptadas por Kingsley Napley, la firma de abogados defensores de Pinochet, prometían poco, pero han conseguido enrarecer relativamente el ambiente, como lo comprueba la actitud de lord Lamont, y, lo que es peor para Jack Straw, el ministro británico del Interior, en cuyas manos descansa en última instancia el destino de Pinochet, complicar el trámite que debe concluir el viernes, si es que no se produce un sorpresivo pronunciamiento hoy. Comentaristas políticos están de acuerdo en que a Straw -y, por ende, a Blair- le toca decidir el tema político más candente de este Gobierno.

Unos setenta partidarios de Pinochet llegaron hasta Downing Street con una carta redactada en perfecto inglés y que expresaba el sentimiento de "700 víctimas asesinadas por grupos terroristas del sistema marxista", una referencia a los pocos años del Gobierno socialista democráticamente elegido de Salvador Allende y que acabó a cañonazos disparados por los subordinados de Pinochet.

Poco después, un grupo de exiliados del país suramericano, en vilo desde el arresto del general, llevó hasta Downing Street otra carta que entregó en medio de un coro que pedía a todo pulmón "justicia" y daba vivas a España.

Entretanto, lo que nadie sabe es el origen de los fondos que, por ejemplo, permiten que 55 derechistas chilenos se alojen en el hotel Senator de Londres, donde una habitación sencilla cuesta 75 libras esterlinas (unas 18.000 pesetas) por noche. Dietas y billetes aéreos aparte, el ejercicio de apoyo al ex dictador significa una cuenta hotelera de 20.625 libras (casi cinco millones de pesetas).