Garzón pide la colaboración de Estados Unidos en la investigación sobre Pinochet

El juez Baltasar Garzón envió a Estados Unidos el pasado jueves 3 vía Interpol y el viernes 4 a través del Ministerio de Asuntos Exteriores una ampliación de la comisión rogatoria enviada el pasado año para requerir a las autoridades judiciales de dicho país la cooperación para esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. La nueva petición llegará a Washington en un momento de fuertes debates dentro de la Administración norteamericana sobre la anunciada desclasificación de documentos relacionados con Chile.

Sin embargo, al juez Garzón no le interesa la política de Estados Unidos en Chile como tal, sino la desclasificación de documentos del FBI, la CIA y otras agencias, relacionados con la violación de derechos humanos.La ampliación de la comisión rogatoria fue acordada por el juez Manuel García-Castellón en septiembre pasado. Sin embargo, García-Castellón, que viajó a Washington a primeros de 1998 para concretar la primera comisión rogatoria e interrogar a varios testigos, decidió inhibirse en el caso a favor del juez Garzón, tras la detención del general Pinochet en Londres el pasado 16 de octubre. El juez Garzón retomó el trabajo de la comisión rogatoria inmediatamente.

"Debe quedar claro que no nos interesa la estrategia de Estados Unidos en Chile y América Latina. Sus debates de política exterior son una cosa de naturaleza eminentemente política; la documentación clasificada sobre violaciones de derechos humanos en Chile a partir del golpe militar del 11 de septiembre es lo que de verdad deberían aportar las agencias involucradas", dijo a este periódico una fuente de la acusación particular.

Garzón vuelve a insistir en la documentación clasificada sobre la llamada Operación Cóndor, nombre que se dio al pacto entre las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay para coordinar la lucha represiva en la segunda mitad de los años setenta y en la que hubo miles de desaparecidos, asesinados y torturados. Existe alguna documentación -comunicaciones de un agente del FBI norteamericano- en el sumario español sobre la citada operación, pero no tiene carácter oficial. Garzón pide la desclasificación de dicho documento y de todos los demás que reflejen las actividades desarrolladas bajo el paraguas de la Operación Cóndor.

En la ampliación se pide también toda la información relativa a los principales casos incluidos por el juez Garzón en la petición de extradición del general Pinochet al Reino Unido, para lo cual tendrá que haber una decisión de desclasificación. Entre ellas están el secuestro, tortura y asesinato de Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas, de nacionalidad española, en Santiago de Chile, en 1976. La nueva petición de datos y declaraciones, en este punto, insiste en tomar declaración a Michael Townley, agente de la DINA, policía política de Pinochet. Townley, que no accedió a ser interrogado por García-Castellón, ha reconocido que Soria fue mantenido bajo secuestro en su casa de Santiago, torturado y más tarde asesinado.

Entre los documentos solicitados se pide la desclasificación de una información del Departamento de Estado de octubre de 1973 en la que se cuestionan las estadísticas sobre personas ejecutadas ofrecidas por la junta de Pinochet. También se solicita la desclasificación, entre otros, de un documento de 1975 donde consta qué funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile, al conocer la magnitud de los asesinatos, desapariciones y torturas, se rebelaron y solicitaron ayuda al Departamento de Estado en Washington, lo que dio lugar a un importante debate.