La orden sobre programas de compensación de desigualdades educativas lleva paralizada un año

Uno de los pilares de la reforma educativa LOGSE descansa en el reconocimiento y el compromiso explícito de abordar las desigualdades socioculturales y étnicas en los centros educativos, mediante programas de compensación. El decálogo de buenos propósitos -contenido en el Real Decreto de Compensación de Desigualdades y desarrollado ya en las autonomías con plenas trasferencias educativas-, sigue siendo papel mojado en la Comunidad Valenciana. El borrador de orden que regula los programas de compensación permanece bloqueado desde hace más de un año. En opinión de directores de centro y pedagogos, el retraso se debe a que la falta de planificación y de institutos de ESO dificulta el desarrollo de estos programas.

El colegio público Juan Manuel Montoya [antes colegio Hervás] de Natzaret -uno de los barrios más castigados de la ciudad de Valencia y con una de las tasas de alumnos de raza gitana escolarizados más alta, lo que propició el cambio de nombre del centro- vive en el olvido. El ostracismo de la Administración y los continuos asaltos y fechorías al centro (sin ir más lejos, la semana pasada acabaron con las pocas herramientas y alguna que otra máquina fotocopiadora), sólo se ven compensados por el esfuerzo de la plantilla docente que trata de aplicar métodos pedagógicos renovadores y multiculturales para paliar el déficit económico y de infraestructuras que se requieren para atender a un alumnado con un historial educativo complejo, producto de la itinerancia familiar, los problemas económicos y con un alto riesgo de deserción escolar. El Juan Manuel Montoya es, pues, un colegio que, de aprobarse la Orden que regula los Programas de Compensación de Desigualdades en Educación, sería tipificado de inmediato como "centro con proyecto de actuación educativa singular", con derecho a capital humano y económico propios para abordar la larga lista de "desigualdades" del alumnado. Ambos conceptos están contenidos en el borrador de orden de educación compensatoria al que ha tenido acceso EL PAÍS, como objetivos prioritarios. "La Consejería de Educación dotará económicamente, en la medida de las posibilidades presupuestarias, a los centros que incorporen actuaciones de compensación de desigualdades grupales o de centro para facilitar el desarrollo de los proyectos". Fomentar la convivencia Se trata de proyectos educativos que, en opinión de los técnicos de la consejería, deben propiciar "medidas para favorecer el desarrollo y el respecto a la identidad cultural de su alumnado; medidas de fomento a la convivencia; mecanismos de participación e intervención en el entorno social; y medidas de actuación sobre el absentismo y la desescolarización prematura". Conceptos, todos ellos, que se han puesto sobre la mesa a raíz de la muerte de un bebé gitano y el posterior linchamiento de un hombre en Natzaret, el pasado viernes, y que han forzado la intervención de los principales líderes gitanos y payos para rehacer "la paz social". Algo que, en opinión de los pedagogos consultados, encuentra su origen y razón de ser, precisamente, en la escuela. El alumnado que requiere actuaciones educativas que compensen desigualdades es, según se describe en el borrador: El que por diversas razones se ha incorporado tardíamente al sistema educativo; el procedente de la inmigración con deficiencias formativas propiciadas, bien sea por el retraso en la incorporación al sistema, o bien por desconocimiento del castellano; el alumnado de zonas social y culturalmente desfavorecidas; el procedente de familias o entornos con alto riesgo de desestructuración social; el alumnado dependiente de instituciones de protección social del menor, y el que, por razones personales o sociales, corra el riesgo de abandono del sistema educativo o tenga dificultades para permanecer en él". Para ello, la aplicación de la orden requiere, en opinión de los directores de centro, una planificación más racional de la ESO que garantizara la continuidad educativa en los proyectos curriculares, tanto individuales como de grupo, y una dotación presupuestaria que permita poder abordar el problema desde el inicio de la escolarización hasta el final.