Córdoba incorpora a los jueces y a la "ley Corcuera" en el plan de la movida

El Plan Especial Invierno 1998-99 de la Policía Local, aprobado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, prevé la instrucción de diligencias judiciales y la ap licación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley Corcuera, para atajar los efectos de la movida. El documento da instrucciones a los agentes que actúen en la clausura y precinto de establecimientos para que pongan en conocimiento de la autoridad judicial la desobediencia a estas medidas, al tiempo que debe darse también cuenta al Ministerio Fiscal y a la Asesoría Jurídica Municipal, en este caso para el seguimiento de los procesos. La decisión de mandar al juez el incumplimiento de los acuerdos de clausura o el quebrantamiento de los precintos aspira a que "no quede impune", según el documento, esta vulneración, que puede ser delito, penado con hasta un año de prisión, o falta, castigada con multa de hasta sesenta días. La orden de actuaciones contra la movida establece una "vigilancia especial" sobre los establecimientos que se clausuren y perfila las medidas contra los establecimientos comerciales que venden bebidas alcohólicas para su consumo en la calle, que es lo que mayores consecuencias generan a los vecinos de las zonas afectadas, a través del cumplimiento de los horarios de apertura que recoge le Ley de Comercio Interior de Andalucía. En cuanto a la aplicación de la ley Corcuera, el documento recuerda las infracciones que este texto legislativo califica como graves, entre las que se encuentran el permitir una ocupación del local superior al aforo permitido o la tolerancia del consumo o tráfico de drogas. La Ley de Seguridad Ciudadana se aplicará "en lo concerniente al control de medidas de seguridad en establecimientos", aunque la sanción por estas acciones corresponde a los servicios periféricos de la Administración central.