El Gobierno invertirá 311 millones en paliar el "efecto 2000"
Subsanar los problemas informáticos derivados del efecto 2000 supondrá un gasto de 311 millones en el Gobierno vasco el año próximo. El Consejo presidido ayer por el lehendakari en funciones, José Antonio Ardanza, aprobó un plan estratégico que incluye la creación de un grupo de trabajo donde estarán representados todos los departamentos de la Administración. Su función consistirá en garantizar la adaptación al cambio de siglo de todos los sistemas informatizados de la mayor parte de los organismos autonómicos. El grupo comenzará a funcionar a partir del 1 de enero del próximo año y debe terminar su cometido antes de que concluya 1999. El acuerdo también obliga a incluir una cláusula en los contratos de compra de nuevos equipos informáticos, de modo que no les afecte el efecto 2000. Convenio con el Poder Judicial Durante la misma reunión de ayer, el Gobierno autorizó al Departamento de Justicia la firma de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial por el que ambas instituciones se comprometen a fomentar el uso y aprendizaje del euskera por parte de los jueces del País Vasco. Este acuerdo surge a raíz del reglamento judicial que reconoce que el conocimiento de la lengua vernácula supone un mérito. Así pues, a los jueces que conozcan el idioma distintivo de la comunidad -euskera en este caso- se les aplicará una mejora en sus currículos para posibles concursos de traslados. El convenio, surgido a propuesta de la comisión mixta formada por los diferentes estamentos de la Administración de Justicia, se comenzará a aplicar en enero. Será entonces cuando se desarrollen los nuevos cursos intensivos para aprender euskera. Otro convenio aprobado ayer por el Consejo establece que los funcionarios de la Administración vasca que lo deseen podrán destinar el 0,7% de sus nóminas al fomento de la solidaridad con las situaciones de pobreza y marginación en el mundo. El acuerdo está avalado por la Asociación Fondo de Solidaridad 0,7% de los Trabajadores del Gobierno Vasco y Osakidetza, que apoya programas de distintas ONG. La agrupación recibirá un domicilio social en el edificio de Lakua. Mediante el convenio, quedará retenido el 0,7% de las retribuciones brutas de los funcionarios que lo soliciten y pertenezcan a la asociación. El Gobierno aprobó también una ayuda de 60 millones para financiar la actividad sindical en la Administración autonómica. La subvención abarca a ocho organizaciones, beneficiadas en función de su representatividad. Así pues, el sindicato mayoritario ELA recibirá 27 millones, casi el doble de los 14 que se entregarán a LAB. Comisiones Obreras obtendrá 9 millones, por los 3,5 de UGT. Los demás sindicatos afectados por el acuerdo son, por este orden, STEE-EILAS, el sindicato médico SATSE, el SME y el de la Ertzaintza Erne.
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