La injerencia española

Que aquellos a los que ofenda me perdonen, sobre todo los blancos y europeos, pero, aunque no sea frecuente, hay días del siglo que a uno le gusta ser español. Y el pasado 25 de noviembre fue uno de ellos gracias a un juez y por culpa de un general.Esto es así porque, incluso si a causa de la llamada realpolitik el ministro del Interior británico, Jack Straw -es decir, Tony Blair-, empaquetara para Santiago a un conocido militar chileno en vez de extraditarlo a España, la justicia como bien de alcance universal, aquella que no puede ser patrimonio exclusivo de un territorio, ha triunfado ya. Desde ese día, todos los gobernantes de evidente historial delictivo contra la humanidad viven encarcelados por las fronteras del país donde residen.

La justicia española -aunque sea con la disidencia a pie de página de algún fiscal con puntos de vista decididamente tiernos hacia las dictaduras fascistoides- ha visto ya vindicada su petición de extradición de un notorio golpista latinoamericano, por el solo hecho de que los lores británicos hayan acreditado que a la única inmunidad a la que tiene derecho es a la de las bacterias.

El avance de lo políticamente correcto en estos tiempos de gran caridad globalizada hacia el prójimo ha dado lugar, por otra parte, a curiosos despliegues para argumentar por qué hay que liberar al asaltante de La Moneda.

Dejando aparte por lo manido el recurso a la compasión, cuya cuota, además, ya tenemos cubierta por las víctimas del huracán Mitch, se dice que hay que liberar al uniformado porque de su cautiverio sólo pueden seguirse tantos males como los que brotaban al destapar, incautos, la caja de Pandora.

En primer lugar, es el proceso político chileno, se argumenta, el que puede salir malparado del asunto, hasta el punto de que se puede producir una involución, que quiere decir un cintarazo en plena democracia; Chile, se apunta como quien nos reprocha una supina ignorancia, no es todavía una democracia plena -lo que ya sabíamos con sólo ver al ahora acusado en libertad- y cualquier feo que se le haga por ello al responsable de que dejara de serlo en septiembre de 1973 puede hacer que caigan sables de punta. La realpolitik exige que guardemos silencio.

Bien. Si los militares chilenos pueden encontrar motivo para actuar porque alguien intente hacer justicia en Europa, o donde sea, ello querría decir que el progresivo establecimiento de la democracia en el país se haría consagrando un derecho de veto al Ejército sobre todo aquello que pueda no agradarle; hoy, abstengámonos de esto por mor de la realpolitik; mañana, de lo otro, y así, hasta un ayuno total de democracia. Esa expresión tan culta y ecuménica de que los extranjeros no se metan, porque de nuestros criminales ya nos cuidamos nosotros es, además de dudosamente cierta, todo lo contrario de una auténtica realpolitik. Exactamente, al revés, una realpolitik eficaz es la de que juzguen al quebrantador de su juramento constitucional por ahí fuera, para que entonces los chilenos puedan completar el edificio de su democracia sin ominosas ataduras para el futuro.

En segundo lugar, se vocifera que esa actitud de un juez español no es sino un acto de colonialismo, así como también una muestra de hipocresía de la antigua metrópoli, que ha hecho su transición sin pedirle responsabilidades penales a nadie.

Vaya. El que de verdad ha colonizado recientemente Chile como si fuera su matadero particular es el actualmente desinmunizado, y por uno de esos azares de la historia resulta ser la antigua potencia colonial, ahora que nos avergonzamos casi todos de los horrores que protagonizaron nuestros antepasados -españoles y chilenos-, la que se ha convertido en instrumento descolonizador de la más internacional de las justicias: el derecho de gentes, que inventaron Suárez y Vitoria, cuando los españoles mataban araucanos, que aún no sabían que iban para chilenos.

España no se está atribuyendo por ello ninguna soberanía sobre la nación ni sobre el ordenamiento jurídico del país andino; al contrario, sólo trata de hacer que quien ha delinquido contra la humanidad sea castigado por la humanidad, en lo que ha hallado el rápido y reconfortante apoyo de una augusta Cámara británica y las fiscalías de Francia, Bélgica y Suiza, más el comienzo de investigaciones en Alemania, Luxemburgo, Suecia e Italia.

Por lo que respecta a la transición española, que, dicho sea de paso, jamás tuvo al dictador de vigilia bajo la lucecita de El Pardo, siempre será de lamentar que los españoles no lo hayan sabido hacer mejor, o que no hubiera chilenos a mano para apoyarlos desde allende la cordillera. Por todo ello, ese otro gran argumento que siempre sirve para que triunfe la injusticia, tú, cállate, que en tu casa todo es peor, abochorna sólo de oírlo. Los nefandos pecados de los españoles no tienen que ser obstáculo para que alguna vez, milagrosamente, puedan ejercer de agentes del bien universal.

Y todo ello viene, además, a constituir para España una fabulosa realpolitik, más allá de si los restaurantes gallegos, vascos o asturianos de Santiago han bajado o no de clientela, si puede haber submarinos que se queden sin vender en la estantería o de que haya quien celebre el 12 de octubre con mueras a España. Es seguro que los cultos habitantes de Chile volverán a corto plazo a juzgar a los restaurantes por su carta; la Administración comprará buques de guerra por su acabado y precio, y los del 12 de octubre, que hagan lo que quieran, porque nunca dejará de haber en América Latina quienes, con todo su derecho, no dejen de conmemorar esa fecha con un piadoso recuerdo de odio a la madrastra, hay quien dice que genocida.

Y es ésta una realpolitik de la mejor que hay en botica, porque como en Chile son muchos más los demócratas que los que no lo son, hoy o mañana habrá una gran mayoría de chilenos que le agradecerá a España y a su tesonero juez que tratara de hacer justicia allí donde pudiera, y, de la misma forma, todos los latinoamericanos que estén pensando ahora que lo mejor que puede hacer España es meterse en sus asuntos, difícilmente podrán competir en número y calidad ciudadana, al menos el día en que ya no haya dictadores activos o pasivos en América Latina, con los que se muestren satisfechos por la injerencia de España en nombre de la humanidad entera.

Si la economía del mundo va camino de ser sólo una, bien está que en otros órdenes de cosas se empiece a globalizar también, como parece que va a ocurrir imparablemente con la justicia. Y, así, ese 25 de noviembre se recordará en los libros de historia del siglo XXI -poco importa que con el nombre o no del magistrado que osó tanto- como aquel en el que la justicia de una antigua nación, con toda la sarta de desmanes de los que responder por cosas de un imperio, tomó en su mano de nuevo el derecho de gentes para recordar tres o cuatro cosas que sabía del asunto desde hace varios siglos, y que tantas veces había olvidado practicar.

Eso sí que es realpolitik: hacer que la humanidad le deba a uno algo. Acabar el siglo obrando para el futuro.